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La economía de Chile crecerá un 3,5% en 2018

Tomás Pablo R. - 7:08 - 29/01/2018
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    Felipe Larraín considera que Chile crecerá entre el 3,5% y el 4% los próximos cuatro años. iStock

    Inmersos ya en 2018 el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado a conocer sus Perspectivas de la economía mundial, que actualizan sus proyecciones de crecimiento a un 3,9% para 2018, 0,2 puntos porcentuales por encima de lo que había estimado en octubre pasado.

    En relación con América Latina, el FMI proyecta para este año una progresión de un 1,9% y de un 2,6% en 2019, fundamentalmente debida a la mayor fuerza de la evolución mundial y el comercio internacional. El repunte del precio de las materias primas y el fin de las recesiones habidas en Brasil, Argentina y Ecuador están detrás de estas mejoras. 2017 habría cerrado con una subida de un 1,3%.

    Centrándonos en Chile, las previsiones del FMI para este año se sitúan en un 3%, muy por encima del 2,5% previsto en su último informe. Para 2019 el crecimiento del PIB sería del 3,2%.

    Para los analistas locales las perspectivas son más auspiciosas, van un poco más allá del FMI: están en un rango del 3,5% al 4%. Es también el criterio del próximo ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que asumirá sus funciones en marzo. "Creceremos en torno al 3,5% para el 2018 y del 3,5% a 4% durante el periodo de Gobierno" -recordemos que este dura cuatro años-. Entre las prioridades legislativas apuntadas por las nuevas autoridades está simplificar el actual sistema tributario. La propuesta del equipo económico es volver al sistema integrado.

    Los caminos del éxito

    Las mayores expectativas en este período estarán unidas a mejoras en la inversión y la productividad; a continuar diversificando las exportaciones y al impulso del emprendimiento y la innovación.

    Los expertos añaden la importancia de crecer para alcanzar el desarrollo, para lo cual es imperativo recuperar la senda de la inversión. Estiman urgente y necesario contar con planes robustos en materias de concesiones privadas e infraestructuras públicas.

    Asimismo, consideran imprescindible reformar los procesos de evaluación de impacto ambiental y los permisos y trámites para las inversiones -públicas o privadas- en Chile. Se señala la existencia de proyectos paralizados en procesos larguísimos y de aprobación incierta, situación que atenta directamente contra las decisiones de invertir. La mayoría de los países miembros de la OCDE, de la que Chile forma parte, cuenta con procedimientos de evaluación de impacto ambiental y social rigurosos, y operan de modo eficiente.

    El catálogo de propuestas mineras por materializar en el próximo decenio es más amplio que el de etapas anteriores: agilizar su concreción es vital. Los conocedores indican que si se desea ser potencia minera el país debe a lo menos igualar a Canadá o Australia, naciones con requerimientos de sostenibilidad similares o superiores a las chilenas. Las 50 medidas propuestas por la Comisión de Productividad deberían ser uno de los objetivos para avanzar.

    Igualmente, para continuar creciendo se está obligado a estar constantemente innovando para poder diferenciarlos de los contendientes, y, si no es posible, habrá que revisar toda la cadena de producción, incluidos los sistemas logísticos, hasta conseguir ser más competitivos. Los principales clientes de los productos nacionales se encuentran muchos de ellos en las antípodas.

    Chile continuará apostando por su inserción internacional por medio de tratados que fomenten el comercio y la inversión. Pruebas de ello son la firma de un nuevo tratado de libre comercio, esta vez con Indonesia, o las negociaciones iniciadas con la Unión Europea para modernizar el Acuerdo de Asociación vigente y hacerlo más atractivo a los empresarios y emprendedores de ambos lados.

    Finalmente, el próximo 8 de marzo Chile será sede de la firma del nuevo Acuerdo Transpacífico (TPP-11), que incluye a Brunéi, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam, además de a Chile. El cierre favorable del pacto tuvo lugar en Tokio el pasado 23 de enero, y se lo califica como de última generación. En opinión de los expertos, significa pensar el comercio más allá de los aranceles, con reglas del siglo XXI. Por ejemplo, estableciendo estándares en términos laborales, ambientales o regulatorios.

    Compatibilizar la expansión de la economía sin descuidar los adelantos en lo social es el itinerario que se avecina para el ejercicio en el que nos encontramos.

    Tomás Pablo Roa es presidente ejecutivo de Wolf y Pablo Consultores, S. L.

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