Actualidad

Discriminación estructural, principal causa del estallido social en Chile

Vista aérea de la protesta en la Plaza Italia de Santiago, punto neurálgico de las protestas sociales. Foto: EFE/Rodrigo Sáez/Archivo

La "discriminación estructural" en Chile, en relación a derechos básicos como la salud, la educación o las pensiones, es la causa de las protestas que tienen lugar en el país desde hace un mes, según el Informe Anual de Derechos Humanos que presentó la Universidad Diego Portales (UDP).

Así lo expresó la directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, Lidia Casas, quien afirmó a Efe que "el Estado renunció a satisfacer las necesidades de las personas" al no blindar los derechos básicos en la actual Constitución, redactada en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y considerada el origen de las grandes desigualdades del país.

"El estallido social ofrece una oportunidad para la democracia para reducir las brechas de desigualdad y mejorar las condiciones de todas las personas", aseguró Casas.

Demandas

El Informe Anual de Derechos Humanos, que recoge los hechos ocurridos entre el segundo semestre de 2018 y agosto de 2019, abarca materias directamente relacionadas con las demandas planteadas en las protestas, que este lunes cumplen un mes y que ya se han cobrado la vida de al menos 23 personas -cinco presuntamente a manos de agentes del Estado- y han provocado miles de heridos.

En este sentido, la veintena de expertos que han participado en la redacción del dossier encontraron una fuerte desigualdad en ejes como la salud, la educación, las pensiones o los derechos de los colectivos LGTBI, migrantes o pueblos indígenas, ligada también al estatus socioeconómico de las personas.

Para Casas, la gestión de los recursos naturales del país andino y el reconocimiento de los pueblos originarios tienen que aparecer en un hipotético nuevo texto constitucional, que establezca "un marco sobre las miradas que tiene que haber en las futuras leyes y políticas públicas".

Asimismo, la investigadora lamentó que la ley fundamental "no garantiza el derecho a la educación o a la salud, sino que solamente permite elegir entre pública y privada".

Preocupación

El Centro de Derechos Humanos de la UDP también manifestó su "preocupación" ante la violencia contra manifestantes y medios de comunicación por parte de los agentes del Estado.

Judith Schönsteiner, profesora de Derecho de la misma universidad, aseguró que observaron un "vacío de regulación" en el protocolo de Carabineros ante manifestaciones ciudadanas, así como un uso "no proporcional y no gradual" de la fuerza policial.

WhatsAppWhatsApp
FacebookFacebook
TwitterTwitter
Linkedinlinkedin
emailemail
imprimirprint
comentariosforum0
forum Comentarios 0
Deja tu comentario
elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarios y los mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que se haga un uso diligente o prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter lesivo, falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información proporcionada.