Economía

Fiscal general y presidente de la CNMV, entre los cargos por nombrar

  • Algunos de estos puestos ya han expirado y se ejercen de forma transitoria
El presidente de la CNMV, Juan Manuel Santos, y la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.

El presidente del Gobierno, ya en plenitud de funciones, y su recién estrenado Consejo de Ministros tendrán que acometer el nombramiento de numerosos altos cargos, unos designados directamente por Mariano Rajoy y otros, los secretarios de Estado, por los propios ministros, y cuya designación se producirá el próximo 11 de noviembre según el calendario que maneja La Moncloa. El baile de puestos directivos de los organismos dependientes de las Administraciones Públicas está en marcha. Continuidad en el área económica del Gobierno: éstas son sus prioridades.

La elección del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la del fiscal general del Estado son los dos primeros nombramientos que debe encarar el Gobierno por su carácter de urgencia. En el caso más reciente, la expresidenta Elvira Rodríguez, abandonó su puesto como máxima responsable del organismo regulador de los mercados el 5 de octubre, día que expiraba el cargo.

Desde entonces, la responsabilidad de la dirección recae sobre Juan Manuel Santos-Suárez, por tratarse del miembro más longevo. No obstante, hace dos semanas, el Consejo de la CNMV nombró a la presidenta saliente y a la exvicepresidenta, Lourdes Centeno, como asesoras en materias relacionadas con el mercado de valores y de forma no retribuida, como se recoge en el reglamento interno de la institución.

Cabe destacar que bajo la condición de provisionalidad de la actual dirección, el presidente en sustitución ha continuado con la actividad reguladora y la prueba es que Santos-Suárez ya ha impuesto sanciones por valor de 462.000 millones de euros.

Será el reelegido ministro de Economía e Industria, Luis de Guindos, quien proponga un nuevo presidente y vicepresidente para el regulador. También en el área económica se abre una puerta en la dirección de la Oficina Económica del Gobierno, hasta ahora ostentada por Álvaro Nadal, quien ha sido elegido para conducir el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, por lo que el Ejecutivo deberá buscar un sustituto para el puesto vacante.

El segundo nombramiento que exige premura en su resolución es el de fiscal general del Estado. El 10 de enero de 2015, Consuelo Madrigal, tomó posesión del cargo, al cual accedió tras la dimisión de su antecesor, Eduardo Torres Dulce. Este abandonó el puesto como máximo defensor de los intereses del Estado en diciembre de 2014, alegando "motivos personales", tan sólo un año antes de que concluyera su mandato, el cual expiró en diciembre de 2015.

Por este motivo, en lo que va de año el cargo ha sido ejercido de forma transitoria por Madrigal, a la espera de que se conformase un Gobierno con las capacidades para decidir el nombramiento. En este punto, cabe destacar la importancia del recién reelegido ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya que el nombramiento de esta figura debe ser realizado a propuesta del propio Gobierno.

Hay que recordar que la última decisión trascendente de Consuelo Madrigal fue la de ordenar a la Fiscalía Superior de Cataluña que presente una querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por los delitos de desobediencia y prevaricación, al permitir la votación de la hoja de ruta soberanista.

Otros posibles nombramientos

Otra designación importante que podría tener lugar, dependiendo de la duración de la nueva legislatura, es la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que inició su actual mandato en diciembre de 2013 y tiene una duración de cinco años. Así, Congreso y Senado tendrían que votar la renovación de los consejeros dentro de dos años.

Un cargo destacado que es elegido directamente por el CGPJ es el del presidente del Tribunal Supremo, actualmente Carlos Lesmes Serrano, quien además vincula la duración de su cargo a la del consejo que lo designó. La votación supondría un hecho sin precedentes, ya que en anteriores ocasiones los consejeros eran acordados por PSOE y PP, y en este caso, tendrían que ser sometidos a debate y posteriormente votados en ambas Cámaras.

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