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Colusión, fusiones y libre competencia: cómo promover un mercado igualitario

El proyecto de ley pretende evitar las malas prácticas comerciales.

Un buen mercado y las instituciones que los regulan deben asegurar que quienes tienen posiciones ventajosas o mayores capacidades económicas no las usarán en contra de competidores de menor tamaño, o de los consumidores.

Estas son las principales medidas del Proyecto de Ley que fortalece el Sistema de Defensa de la Libre Competencia.

Colusión

Cada chileno y chilena sabe el alto precio que pagan las personas, pero también la fe pública, cuando dos o más competidores se ponen de acuerdo para fijar precios, limitar la producción, repartirse mercados o coludirse en licitaciones públicas. Estas malas prácticas dejan fuera a otras empresas que podrían competir en los mercados, afectan a los consumidores con alzas de precios artificiales, limitan el acceso a una oferta más variada, y dañan profundamente nuestra economía y nuestra confianza.

El proyecto de ley endurece las sanciones en los casos de colusión:

-Una mayor multa. Actualmente el tope de la multa posible para casos de colusión es de 25 millones de dólares. El proyecto de ley propone aumentar la sanción hasta el doble del beneficio económico obtenido con la infracción o bien tenga como máximo el 30% de las ventas del período en que duró la conducta anticompetitiva. Es decir, sanciones ejemplarizadoras, que desincentiven estas prácticas inaceptables y dañinas.

-Pena de cárcel. Se creará en el código penal una figura especial para casos de colusión, con penas que irán desde 5 años y un día hasta 10 años. Es decir, la Fiscalía Nacional Económica podrá presentar un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero también presentar una querella ante el juzgado de garantía, para sancionar con penas de cárcel a los responsables.

Fusiones

Las fusiones son estrategias legítimas y que pueden ser positivas, siempre y cuando no atenten contra la libre competencia.

-Control preventivo y obligatorio. El sistema actual de control es de carácter más bien voluntario. Lo que se plantea en este proyecto es fortalecer el control antes de las fusiones. Es decir, que sobre determinados montos, las operaciones deban ser presentadas obligatoriamente ante la Fiscalía Nacional Económica, para evaluar la operación. Así se entrega certeza a las empresas y mayor capacidad de anticipación a la Fiscalía Nacional Económica ante posibles acciones que atenten contra la adecuada competencia.

-Definición de operaciones de concentración. Se incorpora una definición precisa de las operaciones de concentración, que hoy no se contempla en la ley.

-Plazos definidos. Se establecerán claramente los plazos de la evaluación e investigación de los antecedentes por la Fiscalía, entregando mayores certezas a las partes sobre el proceso. Este proceso, en caso de aprobar la fusión, asegurará que la operación no es anticompetitiva y que no será cuestionada una vez concretada.

Libre Competencia

El proyecto de ley incorpora también un conjunto de medidas institucionales para mejorar el sistema de defensa de la libre competencia.

Así, la Fiscalía Nacional Económica:

-Tendrá facultad para hacer estudios de competitividad de los mercados.

-Podrá establecer sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones.

-Podrá hacer recomendaciones de modificación normativa, que es una facultad que hoy tiene el Tribunal de la Libre Competencia.

-Establecerá la dedicación exclusiva de los ministros titulares del Tribunal de la Libre Competencia.

En cuanto a los consumidores afectados por infracciones a la Libre Competencia, este proyecto propone que puedan presentar acciones ante los tribunales civiles, de acuerdo a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, para solicitar indemnizaciones.

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