Politica

Amnistía Internacional plantea la tesis de la violencia estatal en el estallido social en Chile

Manifestantes durante una protesta contra el modelo económico estatal chileno en Santiago. 23 de octubre de 2019. Foto: Reuters/Iván Alvarado/Archivo

Los fiscales chilenos deben asegurar que la policía sea investigada penalmente por su posible responsabilidad en actos de violencia "sin precedentes" en tiempos de democracia durante el control de masivas protestas sociales a fines del año pasado, exigió Amnistía Internacional.

En un nuevo informe sobre la actuación policial en el "estallido social", que sacudió Chile desde el 18 de octubre pasado, la organización pide que se investigue a todos los mandos y no sólo a los oficiales operativos, porque la evidencia sugiere que su proceder se debió a una "política" y no exclusivamente a responsabilidades aisladas.

Violencia estatal

"Los niveles de violencia estatal que ocurrieron a partir del 18 de octubre no tenían precedentes en tiempos de democracia"" dijo la organización en su reporte "Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social".

Basándose en cifras de la Fiscalía, del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Amnistía reportó que más de 12.500 personas requirieron atención en hospitales públicos por incidentes durante las protestas, contra 2.300 policías lesionados.

También consignó más de 5.500 víctimas de violencia institucional y 285 casos de lesiones oculares, según datos de la Fiscalía, así como decenas de víctimas de violencia sexual, investigaciones por tortura y malos tratos.

El reporte analiza hechos ocurridos entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre y está centrado en el escuadrón antimotines, encargado del orden público.

Protestas

La ola de protestas, sin embargo, se extendió hasta inicios de marzo y decayó tras la irrupción del coronavirus. En las últimas semanas, con el paulatino inicio del desconfinamiento, las manifestaciones callejeras han resurgido en Santiago y otras ciudades.

Detonadas inicialmente por un alza en el precio del transporte, las manifestaciones dejaron una treintena de muertos, miles de detenidos y cuantiosos daños materiales.

"Amnistía Internacional corroboró que en numerosas ocasiones oficiales de Carabineros ejercieron fuerza física deliberada, de forma desproporcionada y sin que hubiera necesidad de ello", dijo el reporte.

La organización cuestionó que la Carabineros utilizara armas potencialmente letales, como escopetas antidisturbios, para el control de manifestaciones. El material de sus municiones -balines de goma y metal- resultó ser "altamente dañino porque penetraba la piel y se dispersaba al disparo" y su uso debió estar prohibido.

"A pesar de ello, funcionarios de Carabineros dispararon de manera prácticamente descontrolada e indiscriminada", dijo el reporte, que destacó los casos de personas que quedaron ciegas como Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, quien recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza.

Posible política

El "uso innecesario y desproporcionado de la fuerza de forma reiterada, sugieren que se pudo haber tratado de una política de Carabineros" y no de la responsabilidad de oficiales que actuaron aisladamente, señaló el informe.

La política habría venido desde los mandos superiores y "habría supuesto asumir el daño a la integridad de las personas como un mal necesario para el restablecimiento del `orden público`". Por eso, junto con sugerir una reforma a la policía militarizada, Amnistía urgió a la Fiscalía a continuar sus investigaciones.

Y agregó que si bien no analiza responsabilidades de otros actores, resalta la ""alta de contro"" del gobierno de Sebastián Piñera sobre la institución, por lo que pidió también "que sean deslindadas las responsabilidades políticas, administrativas o incluso penales hasta el máximo nivel posible".

En una nota el gobierno dijo que los hechos señalados por el reporte están siendo investigados, que ha implementado recomendaciones anteriores de varios organismos locales e internacionales para el resguardo de los Derechos Humanos y que está impulsando una reforma a la policía de Carabineros.

"El Gobierno reitera con fuerza que no ha existido por parte de Carabineros una pra?ctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes, como supone el Informe en base a antecedentes de limitado alcance", señaló.

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