Politica

Diputados despachan reajuste del sector público

Foto: Archivo

En condiciones de pasar al Senado quedó el proyecto de reajuste al sector público, junto con otros beneficios, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el grueso de los artículos de la propuesta legal, con las indicaciones presentadas por el Ejecutivo.

En la Sala, tras la rendición de los acuerdos de la Comisión de Hacienda, por parte del diputado Manuel Monsalve (PS), el debate se desarrolló con un ánimo de valoración respecto del consenso alcanzado y la flexibilidad lograda por parte del Gobierno, destacándose la ampliación de los beneficiarios, tanto del reajuste como de los bonos.

Sin embargo, también hubo quienes mantuvieron una visión crítica, la cual se expresó en la objeción de algunas de las normas de la ley. Al momento de las votaciones, los 91 artículos fueron aprobados por 131 votos a favor y uno en contra. en este grupo estuvieron el reajuste, bonos y aguinaldos, entre otras materias.

El texto considera un reajuste diferenciado, al 1 de diciembre de 2020: para los funcionarios cuyas remuneraciones brutas sean iguales o inferiores a dos millones de pesos (el corte inicial era de un millón 500 mil pesos), el aumento será de 2,7% (equivalente al IPC acumulado a noviembre), alcanzando con ello al 90% de los funcionarios (antes era un 75%); en tanto que para quienes superen el mencionado margen de ingreso, el incremento será de 0,8%.

El porcentaje de reajuste que corresponda aplicar en cada caso será reflejado también en las asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles, asociadas a los grados, niveles o categorías respectivas.

Asimismo, se estableció la exclusión en el reajuste de las remuneraciones del Presidente de la República, ministros de Gobierno y fiscal de la Corte Suprema, así como del contralor general de la República.

De igual modo, no se reajustarán los sueldos mensuales, asignaciones, beneficios y demás atribuciones de los grados A, B, C y 1ª, lo que afecta a los jefes de servicios junto con otras autoridades públicas del país como, por ejemplo, el fiscal nacional y los secretarios de la Cámara y del Senado.

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