Roberto Higuera, el vicepresidente del Banco Popular durante la época de Ángel Ron, defiende que la ampliación de capital que realizó la entidad en mayo de 2016 se hizo conforme a las previsiones de necesidades de capital y lo que pidió el Banco de España. Higuera, imputado por falsedad contable en la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional por la caída del que fue el sexto banco del país ha declarado esta mañana durante cinco horas ante el magistrado José Luis Calama.
El expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha recurrido la sentencia que le obliga a devolver el importe que ya ha cobrado de su indemnización y le priva de su prejubilación, para lo que se dotaron 12,5 millones, al entender que la decisión de la juez se fundamentó en una junta general que nunca se celebró.
Pimco y otros fondos como Anchorage, Algebris y Cairn Capital han presentado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional su dictamen pericial sobre Banco Popular, en el que calculan que la entidad resuelta en junio de 2017 debía de haber aflorado pérdidas de unos 960 millones de euros en 2008 y de entre 1.490 millones y 5.000 millones entre los ejercicios 2009 y 2016.
Francisco Gómez, consejero delegado del Banco Popular entre 2013 y hasta septiembre de 2016, ha admitido esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional que fue un error que la entidad invirtiera en ladrillo. Gómez ha acudido a declarar en calidad de investigado por las presuntas cuentas falsas del banco en 2016.
Un informe pericial remitido a la Audiencia Nacional señala al expresidente del Popular, Emilio Saracho, y su equipo gestor de "negligencias", "errores" y "deficiencias" en la presentación de colaterales al Banco de España para solicitar liquidez y poder mantener la entidad en pie. Varios fondos bonistas del que fue el sexto banco del país, entre los que se encuentra Pimco, han aportado a la causa el informe elaborado por FTI Consulting y PSJ Forensic bajo el título Dictamen pericial sobre el Banco Popular Español. El documento hace un minucioso recorrido de la evolución de la entidad a raíz de la crisis económica y hasta su caída y concluye que había un déficit de provisiones persistente desde 2011 a 2016 causado por múltiples irregularidades contables.
El expresidente del Popular, Ángel Ron, ha negado hoy cualquier tipo de irregularidad contable en el banco durante su gestión y ha acusado a su sucesor, Emilio Saracho, y al empresario mexicano Antonio Del Valle de hundir la entidad para llevarlo a una "tómbola" para venderlo. De hecho, según fuentes jurídicas, el exbanquero ha señalado ante el juez de la Audiencia Nacional que el propio Saracho le comunicó personalmente en alguna conversación que su intención era provocar una caída de las acciones para así poder ejecutar una operación corporativa.
El que fue presidente del Banco Pastor y exvicepresidente del Popular entre 2017 y 2017, José María Arias Mosquera, ha admitido este martes ante el juez de la Audiencia Nacional que él era partidario de que el Popular se vendiera a una entidad privada. Arias aseguró que no vio con buenos ojos la ampliación de capital que realizó la entidad en mayo de 2016 por 2.500 millones de euros y que hubiera preferidad una operación corporativa con alguno de los dos grandes bancos españoles, Santander o BBVA, y no tanto con La Caixa. No obstante, apuntó a que esa opción no llegó a platearse con Ángel Ron en la presidencia del Popular.
La exconsejera del Banco Popular y presidenta del Comité de Nombramientos, Reyes Calderón, ha señalado ante el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que en 2016 era necesario que el entonces presidente de la entidad, Ángel Ron, cesara de su cargo porque lo exigía "el mercado". Calderón se ha defendido así de las declaraciones de Ron que el pasado 30 y 31 de octubre apuntó contra ella y el también exconsejero del banco, Antonio del Valle, como los urdidores de su salida.
Dice que comenzó a dudar de la gestión de Ángel Ron en 2014
El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha citado a declarar como testigos en el marco de la investigación de la caída del Banco Popular al exministro de Economía y ahora vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos. Además, también tendrán que comparecer el actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella. Cabe recordar que el Popular realizó una ampliación de capital en mayo de 2016 por 2.500 millones de euros que estuvo asesorada por el despacho de abogados Linklaters, entonces encabezado por Sebastián Albella. Además, también declararán el exgobernador del Banco de España, Luis María Linde, y la expresidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, según informa el juez en un auto.
El Banco Santander ya ha reducido casi el mismo número de oficinas que absorbió tras integrar el negocio del Popular en Portugal en 2018. El grupo financiero ha realizado un ajuste en el país vecino de casi el 19% de la red de sucursales y del 5% de la plantilla, lo que significa el cierre de 127 oficinas y la salida de 340 empleados entre inicios de 2018 y el tercer trimestre de este año.
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha descartado que la entidad vaya a participar en un nuevo proceso de consolidación bancaria, tras la compra del Banco Popular.
Cristina Valls Taberner, la hija de Javier Valls Taberner, sobrina de Luis, vende joyas, bolsos, sombreros y corbatas. Dicho así parece que tenga un puesto en el mercadillo, pero realmente es una emprendedora de éxito, perteneciente a la alta sociedad, que ha sabido dar visibilidad a sus productos a través de las redes sociales y la organización de showrooms. Sus bolsos de la marca Tissa Fontaneda están entre los preferidos por la reina Letizia.
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha rechazado admitir a trámite una denuncia presentada por el abogado Ignacio Colls contra la Junta Única de Resolución (JUR) europea y Deloitte por la resolución del Banco Popular y su posterior venta al Santander por un euro.
El juicio por la salida a bolsa de Bankia ha sido el asunto judicial con mayor repercusión del ámbito económico en 2019, un año en el que han desfilado por la Audiencia Nacional directivos de entidades como BBVA, el Popular (hoy parte del Santander), Banco de Valencia, Caixanova o Pescanova.
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha rechazado una solicitud de información sobre la retirada de fondos de la institución del Banco Popular en junio de 2017 con lo que deja sin aclarar si fue una de las instituciones que retiró parte de sus cuentas antes de la resolución de la JUR.
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Valencia ha condenado al Banco Santander a devolver 100.000 euros a un afectado del Banco Popular que pedía la nulidad de la compra de obligaciones subordinadas que fueron canjeadas por Bonos Fidelización en 2017.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que investiga la caída del Banco Popular ha llamado a declarar en calidad de testigo a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y al expresidente del Santander en España, Rodrigo Echenique, por la caída del que era el sexto banco del país y que el Santander compró por un euro.
El exgobernador del Banco de España Luis María Linde está citado este miércoles a declarar como testigo en la Audiencia Nacional en el marco de la causa que investiga las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución del Banco Popular y su compra por un euro por el Santander.
La Audiencia Nacional ha determinado que el Banco Central Europeo (BCE) es el responsable patrimonial del Banco Popular, y no el Banco de España. La Sección Quinta de lo Contencioso asegura que el organismo europeo es quien debe afrontar las reclamaciones económicas por la caída del banco en junio de 2017, puesto que es esta institución quien tiene la competencia en materia de supervisión bancaria, que le fue transferida el 4 de noviembre de 2014.
El exgobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha restado valor al papel que tuvo el Banco de España en la ampliación de capital de 2016 del Popular y ha asegurado que era al Banco Central Europeo (BCE) a quien le correspondía la supervisión de la entidad, según informan fuentes jurídicas a este diario. Linde ha acudido a las 9 de la mañana de este miércoles a declarar como testigo en la Audiencia Nacional por la caída del banco en junio de 2017.
La Junta Única de Resolución (JUR) europea, organismo que intervino el Banco Popular por su falta de liquidez en junio de 2017, ha decidido que no compensará a los más de 300.000 accionistas y bonistas que perdieron toda su inversión con la caída de la entidad.
Los antiguos accionistas del Banco Popular están indignados con la Junta Única de Resolución (JUR) europea. Tras casi tres años esperando a conocer si la institución encabezada por Elke König decide compensar a los afectados que perdieron todo su dinero después de que decidiera intervenir la entidad, el organismo dio a conocer el pasado miércoles, en plena pandemia por el coronavirus y alerta sanitaria en España, la decisión de que no resarcirá a los exaccionistas ni a los extenedores de deuda.
Los antiguos accionistas del Banco Popular están indignados con la Junta Única de Resolución (JUR) europea. Tras casi tres años esperando a conocer si la institución encabezada por Elke König decide compensar a los afectados que perdieron todo su dinero después de que interviniera la entidad, el organismo dio a conocer el pasado miércoles, en plena pandemia por el coronavirus y alerta sanitaria en España, la decisión de que no resarcirá a los exaccionistas ni a los extenedores de deuda.
El juez de la Audiencia Nacional encargado de la causa del Banco Popular, José Luis Calama, ha citado a varios testigos por la caída de la entidad en junio de 2017, tras anular las declaraciones previstas por la crisis sanitaria. Así, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, que tendría que haber declarado el pasado 28 de mayo, ahora está citada para el 8 de octubre a las 9 horas.
La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado al Santander a devolver 500.000 euros a una sociedad inmobiliaria que compró acciones de la ampliación de capital del Popular de 2016, al entender que aunque tenía experiencia financiera la imagen del banco no se correspondía con la realidad.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa por importe de un millón de euros a Banco Popular por acometer una infracción grave al omitir datos y presentar otros engañosos en los informes anuales sobre remuneraciones de sus consejeros entre los ejercicios 2013 y 2015.
Las actuaciones de la Junta Única de Resolución (JUR) europea, organismo presidido por Elke König que ordenó intervenir el Banco Popular, han estado marcadas por la continua opacidad a la hora dar explicaciones sobre cómo se fraguó la resolución de la entidad y los continuos desplantes a los afectados (accionistas y bonistas), que perdieron más de 11.400 millones por la decisión. Ahora, la filtración de dos correos internos de la JUR revela una nueva tomadura de pelo para los más de 300.000 inversores que aún tratan de recuperar su dinero.
Este viernes finaliza el plazo para que los accionistas del Banco Popular reclamen ser indemnizados por los posibles daños y perjuicios que les habría causado la resolución y posterior venta de la entidad al Banco Santander, que conllevó la amortización o reducción a cero de sus inversiones.
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, declarará este miércoles como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José Calama en relación a la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2017. La comparecencia se realizará por videoconferencia.