La exministra de Empleo, Fátima Báñez, ha sido nombrada este mismo miércoles como la nueva presidenta de la Fundación CEOE. Así lo anunció el máximo dirigente de la patronal de empresarios, Antonio Garamendi, en la Junta Directiva celebrada hoy y en la que se ha confirmado el nuevo cargo de la exdirigente del PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Un nombramiento que tiene lugar después de que su incorporación a la institución saltase a la palestra el pasado mes de abril, en plena crisis sanitaria.

El Ministerio de Trabajo ha presentado a los agentes sociales una nueva propuesta sobre la regulación del teletrabajo, tras las alegaciones realizadas por sindicatos y empresarios al anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia elaborado por el Gobierno, y volverá a mantener una nueva reunión sobre este asunto esta misma semana.

El Partido Popular ha aprovechado los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, en El Escorial, para rearmar su programa económico de cara a Europa. Lo ha hecho presentado las líneas económicas por las que quiere que España camine en la era coronavirus. Para ello se ha rodeado de pesos pesados del PP en materia económica. Entre ellos, seis exministros (Luis de Guindos, Fátima Báñez, Elvira Rodríguez, Román Escolano, Isabel García Tejerina y Miguel Ángel Arias Cañete). Además ha contado con la presencia del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y de Manuel Pizarro, expresidente de Endesa.

Unidas Podemos ha pedido en el Congreso impulsar una regulación legal específica del teletrabajo que incluya la compensación "adecuada" por los gastos derivados del teletrabajo, así como regular el uso de las tecnologías de la comunicación (mensajería y correos electrónicos o dispositivos móviles) fuera de la jornada de trabajo para garantizar el derecho de desconexión.

Las patronales CEOE y Cepyme aseguran que no han rubricado el acuerdo para los reglamentos de igualdad suscrito este jueves por Gobierno y sindicatos, porque incluyen "una reforma encubierta de la negociación colectiva" para garantizar la penetración de los sindicatos en empresas donde no tienen representación. Los empresarios no descartan llevar el asunto a los tribunales.

El objetivo de alcanzar esta semana un principio de acuerdo sobre la regulación del teletrabajo entre el Gobierno y los agentes sociales se convierte en imposible. Es lógico el rechazo de la patronal al modo tan restringido en el que el Ministerio de Trabajo definía el ámbito mismo de aplicación de la nueva norma.

"No veo aquí a ninguno de mis grandes…, a los que me pedían cargos y honores". Estas palabras cuentan que dijo Alfonso XIII cuando en la noche del 14 de abril de 1931 abandonaba el Palacio Real camino del exilio y sólo los empleados de la Casa Real habían acudido a despedirle. Un episodio que recordaba el pasado lunes Lucía Méndez y que refleja la sensación que debe hoy invadir a su nieto, el Rey Juan Carlos, al comprobar el silencio de tantos políticos, empresarios, partidos e instituciones que tantas veces le adularon, le consintieron, le encubrieron y se beneficiaron y lucraron de sus gestiones y de su prestigio.

Varios son los puntos de fricción que mantienen empresarios y sindicatos sobre el futuro anteproyecto de la Ley de Trabajo a Distancia. Varias fuentes conocedoras de las negociaciones señalan como uno de los principales la consideración a partir de qué porcentaje del horario se entiende por "trabajo a distancia regular". El borrador que presentó el Gobierno el viernes 31 de julio establece "un mínimo del 20% de la jornada", el equivalente a un día a la semana para que ya se considere que un trabajador "teletrabaja" y, por tanto, le sea aplicada la nueva normativa. Estas fuentes apuntan que para la CEOE es poco y quieren que se eleve al menos al 30% o dos días.

Los parados que hubiesen agotado su prestación o el subsidio por desempleo entre el 14 de marzo, cuando se impuso el estado de alarma, y el 30 de septiembre, cuando se prevé que finalicen los Ertes por fuerza mayor, tendrán derecho a cobrar un subsidio por desempleo durante 3 meses. Así lo está negociando el Gobierno con los agentes sociales, una medida que ya se pactó en el último acuerdo firmado el 26 de junio y que quedó plasmado en el RDL 24/2020 de ese mismo día.

El Gobierno baraja la posibilidad de crear un nuevo subsidio de desempleo (de 430 euros mensuales) destinado a parados que hubiesen agotado su prestación ordinaria, y no hubiesen podido encontrar un empleo entre el inicio del estado de alarma y el 30 de septiembre de 2020.

La voluntad del Ministerio de Trabajo es extender a partir del 30 de septiembre todos los Ertes y no solo los del sector turístico, según apuntan a eE fuentes cercanas a la negociación. De hecho, la ministra Yolanda Díaz lo ha dejado caer un par de veces, la última en Baleares: "El Ejecutivo no ha creado un sistema de protección para dejarlo caer ahora".

La reunión de Sanidad con las autonomías tuvo un alcance que va más allá de generalizar la prohibición de fumar al aire libre. El acuerdo promueve nuevas restricciones a locales de ocio nocturno (decretando su cierre) y a la hostelería (con más limitaciones de horario)

Los empresarios no quieren ni oír hablar de volver a adoptar medidas estrictas y, en ningún caso, de un nuevo confinamiento. La CEOE considera que, tras superar la etapa anterior con esta medida, "la economía española se encuentra en una situación en la que no puede enfrentar un rebrote similar al de marzo que nos lleve a un nuevo confinamiento con la consiguiente paralización de la actividad, ya que tendría consecuencias catastróficas e irreversibles". Por este motivo, la patronal ha hecho una llamada a la responsabilidad de toda la sociedad con la confianza de que "compartiendo el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos y la actividad económica, podamos seguir avanzando en la definitiva superación de esta crisis sanitaria y económica".

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha asegurado que la economía española no se puede permitir otro confinamiento y ha dejado claro que se debe trabajar de forma conjunta y "dejarse de partidismos".

Situación crítica, compleja, complicada, poco halagüeña, muy grave... Muchos son los adjetivos que emplean los empresarios para calificar el devenir económico y laboral del último cuatrimestre del año. Pero todos confluyen en el mismo: un profundo pesimismo, con ligeros matices en función de cómo haya afectado a su sector el Covid-19. Un pesimismo que hace pensar al tejido productivo que la recuperación será más lenta que lo insinuado por el Gobierno.

Pedro Sánchez quiere hacer en una semana lo que no ha conseguido en el último mes. Para ello, ha optado por un golpe de efecto con un evento selecto al que está convocado lo más granado del empresariado español, que se desarrollará a las 12.00 de la mañana de este lunes en la Casa de América, en la madrileña plaza de Cibeles. Se ha invitado a los máximos directivos de las compañías del Ibex 35 y de otras grandes empresas que no cotizan, junto a los presidente de las patronales. También han sido convocados los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios, así como líderes de organizaciones de la sociedad civil.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reclamado este miércoles alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) "como mínimo" hasta junio de 2021 y sin discriminar por sectores. En una entrevista de El Periódico, Garamendi ha advertido de que al turismo se le tendrá que dar "un tratamiento especial" y ha puntualizado que esto no significa abandonar a nadie.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) reclama al Gobierno nuevas medidas para proteger al sector turístico en España en línea con lo que se está haciendo en otros países europeos. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha demandado "un plan de ayuda real al turismo" en el que además de la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Ertes) y la ampliación de las líneas ICO, se incluyan otros planteamientos financieros o fiscales, "y en toda la cadena de valor", así como "trabajar profundamente en la Marca España con una visión hacia el exterior".

Si para algo ha servido la apertura del curso político de Pedro Sánchez con los llamados "grandes del Ibex" como figurantes, aparte de para la propaganda y mayor gloria del presidente del Gobierno, ha sido para constatar la profunda división que existe en España entre el empresariado oficial y sus representantes y el empresario real, los autónomos y las pymes que se juegan su dinero, no el del accionista, y que supone más del 98% del tejido empresarial de este país.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha alertado de que si no hay expedientes de regulación temporal de empleo (erte) para proteger a empresas y trabajadores, habrá paro. Así lo ha señalado en una entrevista a RNE, donde ha hecho hincapié en que, en la última reunión, los empresarios dijeron "clarísimamente" que los erte deberían llegar hasta diciembre, pero que el Gobierno "ni se planteó hablar de ese mes".

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, señaló que no toca modificar la reforma laboral ahora y que "estos anuncios tan gratuitos provocarán una hecatombe en la confianza".

El Ministerio de Trabajo no ha cedido con las principales pretensiones de empresarios y sindicatos en la prórroga de los Ertes, a pesar de que la ministra Yolanda Díaz comentó en Palma de Mallorca que había grandes coincidencias que permitirían un rápido acuerdo.

Las pretensiones del Gobierno de sectorializar la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) abren un camino incierto para cientos de miles de trabajadores y miles de empresas que se pueden quedar fuera. Pocas, y no muy halagüeñas, son sus alternativas. Desde la patronal y los sindicatos hablan de que se las aboca al cierre a ajustes de plantillas.

El Gobierno sigue sin ceder en la prorroga generalizada de los Ertes de fuerza mayor, actualmente en vigor hasta el 30 de septiembre. De momento, ha propuesto en la Mesa Tripartita que negocia la continuidad de los expedientes temporales de empleo que continúen como fuerza mayor aquellas empresas que están vinculadas al turismo, lo que no significa necesariamente todos los sectores relacionados con el turismo, según explican a elEconomista fuentes de la patronal.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este miércoles que el coste que los Erte están teniendo para las arcas públicas "es muy inferior" a lo que dice el Gobierno, cuya portavoz, María Jesús Montero, lo ha cifrado entre 4.500 y 5.000 millones de euros mensuales. Según ha manifestado, los empresarios se encuentran más cerca de la postura sindical que de la del Gobierno en la negociación sobre la prórroga por coronavirus de los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte). Coronavirus, última hora, en directo.

La organización empresarial ha trabajado desde la aprobación de la Agenda 2030 en 2015 en alinear su gestión corporativa con los ODS en impulsar su imbricación en el tejido productivo aragonés, que puede encontrar en ellos nuevas oportunidades de negocio e innovación, así como mejoras en la relación con sus grupos de interés y promoción de la innovación.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha pedido canalizar los fondos europeos a través de desgravaciones fiscales, que son, según su vicepresidente, Íñigo Fernández de Mesa, "más efectivas que las subvenciones, porque siguen criterios más objetivos, apoyan más a las empresas y son más simples para ellas su gestión".

El Gobierno volverá a reunir a los agentes sociales para continuar con las negociaciones sobre la normativa que regirá el teletrabajo en España. Quedan así arrinconadas las expectativas de que el Ejecutivo volviera hoy a servirse de un decreto-ley para zanjar esta cuestión, en vía muerta desde principios del mes pasado.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba esta mañana el Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, la primera norma que regula el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores relativa al trabajo a distancia. Fruto del diálogo social, el Consejo de Ministros lo aprobó este martes después de que fuese ratificado por los órganos de decisión de la CEOE y Cepyme y de CCOO y UGT.

Oficialmente, la CEOE insiste en que siguen sentados en la mesa que debate la prórroga de los Ertes de fuerza mayor, aunque reconocen un cierto bloqueo mientras que el Gobierno siga empeñado en prorrogar por sectores, limitándose -de momento- al turismo, pero dejando fuera al comercio y la hostelería. El acuerdo, de poder cerrarse, debe llegar como tarde este lunes, pues el miércoles 30 de septiembre los actuales expedientes dejan de tener amparo jurídico. Por tanto, el Gobierno debería aprobar la nueva normativa en el Consejo de Ministros del martes 29.