El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado hoy con amplias mayorías a los presidentes de las Salas de lo Social de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Burgos), de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y de la Audiencia Provincial de Cáceres.
El Derecho de la Unión no se opone a disposiciones constitucionales nacionales que permiten que el poder ejecutivo o uno de sus miembros, como el Primer Ministro, asume funciones en el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura, según las conclusiones del Abogado General (una especie de juez de instrucción) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves por amplia mayoría, incluidos vocales propuestos por el PSOE, un texto en el que pide al Congreso de los Diputados que recabe su opinión y la de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sobre la reforma legislativa, impulsada por PSOE y Podemos, que pretende prohibir los nombramientos cuando esté en funciones, como es el caso actual.
Las asociaciones de jueces se reunirán mañana viernes, con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para cerrar la ronda que iniciaron la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) con los principales grupos parlamentarios para trasladarles su Manifiesto por la Independencia Judicial.
Ante el bloqueo de la renovación de la cúpula judicial, el Gobierno y sus apoyos anti-constitucionales amenazan con cambiar la ley para proceder a rebajar la mayoría reforzada actual para elegir a 12 de los 20 miembros del CGPJ con el único apoyo de sus socios separatistas. Una situación esperpéntica, pues la norma solo podría aplicarse al cupo de vocales de jueces y magistrados, mientras los ocho restantes quedarían en el limbo, sin poder ser renovados porque para ellos el requisito de los tres quintos está blindado en la Constitución.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, insistió en que el acuerdo con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "está hecho" y solo falta que los responsables del Partido Popular (PP) se avengan a hacerlo público. "Cada día espero que suene el teléfono", dijo en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer que la tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo de la reforma que limita sus funciones no respeta las exigencias del principio de separación de poderes.
El Congreso de los Diputados ha rechazado las enmiendas presentadas contra la propuesta de su reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentada por PSOE y Unidas Podemos, para limitar sus atribuciones en funciones.
El PSOE y el PP han alcanzado un principio de acuerdo para la renovación de distintas instituciones del Estado, incluido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas e incluso RTVE. Y todo con Podemos, socio de Gobierno de los socialistas, inicialmente, al margen. Según confirman fuentes próximas a la negociación, existiría así ya un acuerdo total para la renovación del Poder Judicial. De hecho, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, admitió ya el pasado jueves en declaraciones a la Cadena SER que se iba a alcanzar un acuerdo "más pronto que tarde", asegurando que el PP no tenía ya "ni más excusas ni más fechas".
Cuando todo apuntaba a que el acuerdo estaba cerrado, una vez más, las negociaciones siguen sin concluirse. El PP y el PSOE han sido incapaces de nuevo este jueves de ponerse de acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ambas partes constatan que existen escollos, por lo que no ha sido posible alcanzar un pacto.
Resulta difícil de entender y mucho más complicado de explicar que en un país que ha encajado la caída del PIB más alta desde la guerra de Cuba y con un impacto social aún mayor, como recordaba la ex ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que tiene más de cinco millones de parados, incluidos los trabajadores en ERTE y los autónomos en cese de actividad, y que ha elevado su nivel de deuda pública hasta casi el 120 por ciento del PIB, tenga un gobierno dividido y enfrentado cuyas prioridades son la Ley de Transexualidad, la intervención de los alquileres, los indultos a los políticos presos del Procés, o el traslado de los presos de ETA a cárceles del País Vasco, además de alentar las manifestaciones del 8 de marzo en plena crisis sanitaria.
El 71,4% de los lanzamientos registrados en el cuarto trimestre de 2020, 8.046, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 2.659 (el 23,6%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 557 restantes obedecieron a otras causas, según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', que hoy ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2020 fue de 20.460, un dato que refleja un importante aumento -un 17,5% más- respecto a las iniciadas en 2019 y que constituye el primer incremento interanual observado desde el año 2012.
El Pleno del Congreso aprobó este jueves, y ahora remitirá al Senado, el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la Ley Orgánica que prohíbe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos de altos cargos judiciales y magistrados del Tribunal Supremo cuando sus miembros se encuentren en funciones, una vez superado el plazo legal establecido para su mandato en más de cinco años.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido este jueves en sesión extraordinaria, ha logrado el suficiente consenso para realizar seis de los ocho nombramientos que tenía sobre la mesa, uno de ellos en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no incluirá en el orden del día de su Pleno de este jueves, día 25, los cuatro nombramientos en el Tribunal Supremo que quedaron pendientes tras el extraordinario del pasado 4 de marzo, y tampoco es probable que éstas y otras designaciones sean introducidos en el debate de forma obligada por un grupo de vocales, como ocurrió el mes pasado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en el debate de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que tiende "la mano al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un pacto que se puede cerrar si hay voluntad política".
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, dará cuenta el próximo jueves día 22 al Pleno del órgano de gobierno de los jueces del informe que, a solicitud suya, ha elaborado el Gabinete Técnico del órgano constitucional sobre el alcance de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado la intención del Gobierno de pedir la retirada de la Proposición de Ley, que paralizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantenía paralizada desde el pasado mes de octubre para modificar la forma de elección de los Consejo General del Poder Judicial (CGP) que ha sido fuertemente contestada por las asociaciones de jueces y puesta bajo la lupa de la UE y el Consejo de Europa.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han acogido con "satisfacción la decisión del Gobierno de retirar definitivamente la propuesta de cambiar las mayorías por las que se elige al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si bien han insistido en la urgencia de renovar el actual CGPJ para abrir después del debate sobre el sistema de elección de sus miembros.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado en el Pleno celebrado este jueves estudiar en un Pleno Extraordinario la posibilidad de interponer un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC) como respuesta a la reforma que recorta sus atribuciones para nombrar altos cargos judiciales, pero para ello será necesario que cinco de sus vocales presenten una propuesta al respecto antes del próximo día 30, fecha en la que concluye el plazo para poder recurrir al Tribunal de Garantías.
Los españoles consideran que el Poder Judicial funciona mejor que el Ejecutivo (el Gobierno) y que el Legislativo (el Parlamento), según los datos aportados por una encuesta realizada por Metroscopia para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobre un total de 1.000 trevistas representativas de la población mayor de 18 años y residente en España.
Cuando, nada más arrancar la entrevista, le preguntas que le quita el sueño a la número tres del Partido Popular enfrascados como están en sus congresos provinciales y autonómicos dice sin más que de puertas adentro el PP está unido y fuerte. "Estamos contentos y concentrando nuestros esfuerzos en poder gobernar España tras las próximas elecciones "señala. Quienes la conocen bien la definen como una persona comprometida, seria y responsable, cercana a los ciudadanos de a pie y curtida en mil batallas frente a los independentistas de Bildu, contra quienes ha bregado en el Parlamento de Navarra en las últimas legislaturas. Precisamente en su fortaleza frente a adversarios duros estuvo el secreto de su éxito para que Pablo Casado la designara vicesecretaria de organización y encargada de cuidar y movilizar la maquinaria de la calle Génova. "Es la equivalente en el organigrama del PP a José Ábalos en el PSOE, pero con más poder e influencia "señalan algunos de sus colaboradores.
El número de deshaucios (lanzamientos) lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2021, 10.961 en total, se incrementó en un 13,4% respecto al mismo periodo de 2020.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado sin cambios, con 15 votos a favor y 6 en contra, el informe sobre el Anteproyecto de ley de Memoria democrática, un texto crítico con algunos aspectos de la norma al considerar que vulneran la libertad de expresión, como es el caso de la apología franquista que desarrollan determinadas fundaciones, siempre que no humillen a las víctimas.
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el foro judicial independiente instan en un comunicado conjunto al Gobierno, a que, como responsable de la política internacional del Estado, despliegue los instrumentos diplomáticos en su mano para impedir la aprobación del proyecto de resolución, aprobado por el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea del Consejo de Europa, que viene a reprobar que los políticos sean enjuiciados por manifestaciones vertidas en el ejercicio de sus funciones.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó en un comunicado el informe del Consejo de Europa en el que se compara la justicia española con la turca y se obvian los principios de legalidad, separación de poderes, independencia judicial e igualdad en la aplicación de la ley, en sus recomendaciones a los jueces españoles para que dejen sin efecto los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes huidos al extranjero, así como que se abandone el resto de los procedimientos penales contra funcionarios de menor rango implicados en el referéndum ilegal del 1-O.