Meter la pata es un arte, si se hace con la suficiente mesura. Pero hacerlo de manera frecuente tiene consecuencias funestas. A la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, le cogió con el pie cambiado el anuncio de Boris Johnson de imponer una cuarentena a los ciudadanos procedentes de nuestro país. Es cierto que ni siquiera el ministro de Transportes británico, Grant Shapps, de vacaciones en España, tuvo tiempo de enterarse a tiempo y tendrá que guardar cuarentena cuando regrese al Reino Unido.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), instalaron hoy oficialmente la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, que se encargará de estudiar y analizar los tratamientos excepcionales vigentes en el sistema tributario nacional, con el fin de entregar las recomendaciones finales al Gobierno sobre cómo debe desarrollarse el sistema tributario colombiano.
La batalla por Madrid destapa las maniobras políticas del Gobierno. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, es en apariencia una buena persona, sensato y con talante de diálogo. Pero la defensa que hace de que la ampliación de las restricciones obedece a criterios epidemiológicos y no políticos es muy difícil de sostener. Sobre todo, si echamos un vistazo a la hemeroteca. Todavía resuenan las palabras del director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias (Caes), Fernando Simón, de que la desescalada se iba a acometer de acuerdo las reglas establecidas por una comisión de expertos, que luego resultó que no existía, simple y llanamente era un invento oficial.
La composición del comité de expertos creado por el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, para llevar a cabo la desescalada pasará a la historia como uno de los secretos guardados con siete llaves en el Palacio de la Moncloa. Nadie conoce aún a los miembros que asesoraron a Illa o a Fernando Simón, probablemente porque jamás existieron. Su labor fue descorazonadora, la desescalada se hizo de manera chapucera y precipitada, según reconoció el presidente del Gobierno, y dio paso a la segunda ola de contagios después del verano del año pasado.
Bruselas reclama a los Estados miembros controles robustos a la hora de dirigir el reparto en sus territorios de los fondos europeos anti-crisis. Se trata de un llamamiento generalizado, en el que la UE se cuida de nombrar a países en particular.
La pasada semana el director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, anunció en el Congreso de los Diputados la creación de un grupo de trabajo para diseñar un Plan de Seguridad para las ciudades de Ceuta y Melilla. Recurrir a los expertos con la idea de hacer frente a una crisis no es algo nuevo para el Gobierno de Pedro Sánchez. Muy al contrario, el Ejecutivo ha utilizado la misma fórmula tres veces en menos de un año. La primera, para diseñar las fases de la primera desescalada. Luego, para elaborar un plan de vacunación. Y, finalmente, la ministra María Jesús Montero también echó mano de los "sabios" con el objetivo de elaborar la futura reforma fiscal. A pesar de ello, se dice en círculos diplomáticos que el escepticismo ante este nuevo gabinete de expertos es total. "Existen serias dudas sobre la utilidad que tendrá esta iniciativa", aseguran representantes de la embajadas españolas en el exterior. Es más, la mismas fuentes indican que los diplomáticos están comentando con una buena dosis de ironía que de ese nuevo comité de Redondo no saldrá más que una hoja de ruta para resolver los problemas con Marruecos "a 30 años vista", parodiando el plan España 2050 que el Gobierno, también por iniciativa del propio Redondo, hizo público hace poco.
Si el Gobierno cumple el programa pactado entre PSOE y Unidas Podemos y no se convocan elecciones generales anticipadas, antes de que termine esta legislatura (noviembre de 2023) el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) deberá colocarse en una horquilla que va de 1.012 euros a 1.047 euros, lo que implica una subida respecto a los 950 euros actuales entre el 6,5% y el 10,2%. Un incremento que choca frontalmente con un reciente informe del Banco de España que cuantifica entre 83.000 y 180.000 los empleos que costó el 22% de subida del SMI del año 2019 hasta colocarlo en 900 euros. E, igualmente, cuenta con la oposición de los empresarios que consideran que, tras una subida cercana al 30% en dos años, ahora, en plena crisis provocada por la pandemia, no es el mejor momento para un nuevo aumento.
