La crisis parece alejarse de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, que han descendido un 32,9% y son los que han experimentado una disminución interanual más acusada. Por su parte, los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que hoy en día son la mayoría, se han reducido en un 6,6%, lo que supone la primera caída en dos años.
El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 947 en el tercer trimestre, cifra un 30,3% inferior a la del trimestre anterior y un 21,3% por debajo de la del mismo periodo de 2018, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La Fiscalía de la Comunidad de Madrid solicita 23 meses de prisión para la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra Sánchez, por la presunta comisión de delitos de desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños en relación a su participación en un desahucio en 2014.
La portavoz de Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie, Isa Serra, ha asegurado que no se plantea dimitir tras la petición de la Fiscalía solicite para ella una pena de 23 meses de prisión por presuntos delitos de desórdenes públicos, lesiones y atentado a la autoridad durante una concentración frente a un desahucio en 2014.
Más de 29.000 familias en apuros podrán seguir viviendo en sus casas aunque no hayan podido pagar sus hipotecas, según las previsiones del Gobierno, que este martes ha prorrogado hasta 2024 la suspensión de los desahucios en los colectivos más vulnerables.
El Gobierno impondrá fuertes límites a los desahucios motivados por impagos de alquileres residenciales. Se cumple así la previsión de que el PSOE transigiría con esta petición de Podemos para dar imagen de unidad en el Ejecutivo.
El Gobierno prepara una nueva batería de medidas que afectarán de lleno al mercado del alquiler. Esta vez el objetivo del Ejecutivo pasa por "poner freno a otra lacra social que sufre nuestro país: los desahucios por impago del alquiler".
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM) ha condenado a la diputada regional de Unidas Podemos Isa Serra a 19 meses de cárcel e inhabilitación, además de a una multa de 10 euros diarios durante ochos meses, por delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños durante su participación en la paralización de un desahucio en el madrileño barrio de Lavapiés en 2014.
El Consejo del Poder Judicial ha publicado un comunicado en el que, una vez más, expresa su profundo malestar respecto de unas declaraciones formuladas por Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, en las que pone en duda la imparcialidad de la Justicia y de los jueces españoles. Los jueces considerabn que Iglesias lo ha vuelto a hacer.
El Rey clausuró la cumbre que CEOE desarrolló en Madrid desde la semana pasada. Felipe VI elogió el constante desvelo de las empresas por impulsar la economía y compensó así el injusto trato auspiciado por el Gobierno desde el inicio de la crisis.
El vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, está defendiendo dentro del Gobierno, con el respaldo del resto de ministros con los que cuenta Unidas Podemos en la coalición, la necesidad de extender, al menos hasta 2021, la prórroga de los contratos de los alquileres y la prohibición de ejecutar desahucios y de cortar suministros básicos, según informan a Europa Press fuentes de Unidas Podemos.
Caseros y arrendadores de Estados Unidos pasaron los últimos días de marzo aguantando la respiración mientras esperaban a que llegaran los pagos de sus rentas.
En la introducción de una crisis económica sin precedentes, con parecida respuesta aunque con más perfiles que en la crisis de 2008, la okupación ilegal de viviendas tanto de casas particulares como de entidades financieras y de fondos de inversión se ha disparado en España cerca de un 23% en los últimos dos años.
"La morosidad en el alquiler se dispara y llega al 15% por la crisis económica del Covid-19". "Los okupas no dan tregua ni en tiempos de cuarentena". "Nuevo atasco en los avales del ICO: la gran banca sigue sin firmar las ayudas al alquiler". Estos son solo algunos de los titulares más llamativos sobre algunos de los problemas que ha comportado la pandemia covid-19 en el sector inmobiliario, y concretamente en los alquileres. Ahora, una vez ya superado un duro confinamiento y la paralización casi completa de la economía, el mercado inmobiliario español está cambiando a gran velocidad.
La cifra de ejecuciones hipotecarias (embargos) durante el segundo trimestre del año fue cero. Así lo ha reflejado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala en sus estadísticas trimestrales que entre abril y junio de este año, trimestre marcado por la virulencia de la pandemia y el confinamiento, no se realizó ningún embargo sobre viviendas habituales de personas físicas.
El Consejo de Ministros de este martes ha prorrogado hasta el 31 de enero la prohibición de desahucios por motivos económicos y la de subidas en el precio del alquiler, así como la obligación de que los grandes tenedores de pisos tengan que facilitar a sus inquilinos, o bien una quita, o bien una reestructuración de la deuda.
El Govern ha aprobado un decreto que suspende los desahucios de grandes tenedores hasta que el propietario ofrezca un alquiler social al que está obligado según la ley, en una medida que se aplicará mientras dure el estado de alarma o estén vigentes restricciones por el coronavirus.
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña aprobó ayer el Decreto Ley 37/2020, mediante el cual suspenden los desahucios de grandes tenedores, que ya venían obligados a ofrecer un alquiler social a personas o familias vulnerables, incluidos a los ocupantes ilegales de sus viviendas. Esta medida será de aplicación mientras dure el estado de alarma o estén vigentes las restricciones a libre circulación por el coronavirus.
Unidas Podemos está presionando a través de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 que lidera Pablo Iglesias, para que el Gobierno de coalición impida "de forma efectiva" los desahucios y los cortes de suministros mientras se extienda el estado de alarma, recién prorrogado hasta el 9 de mayo. Un requerimiento más en materia de vivienda, que se suma a la regulación de los precios del alquiler comprometida en el acuerdo sobre Presupuestos.
El partido del vicepresidente Pablo Iglesias ha firmado el último desencuentro en el seno del Gobierno de coalición al sumarse a la enmienda de ERC y EH Bildu para incluir en los Presupuestos la prohibición de los desahucios y el corte de suministros hasta 2023.
La recuperación económica de Estados Unidos continúa abriéndose paso entre una pandemia que desde el pasado 21 de enero deja ya más de 11,3 millones de infecciones y 248.824 muertes por el impacto del Covid-19. La media diaria en la última semana se sitúa en estos momentos en los 157.425 casos. Una situación que no ha impedido que el S&P 500 suba ya casi un 12% desde el arranque de 2020 y revisase recientemente junto al Dow Jones nuevos máximos.
El apoyo de Unidas Podemos a la enmienda de Esquerra Republicana y EH Bildu -que exige ampliar la paralización de los desahucios hasta el comienzo de 2023- ha provocado un inesperado acercamiento entre el ala socialista del Gobierno y el ala podemita, lo que en consecuencia ha suscitado los recelos de los socios de investidura de Pedro Sánchez, advirtiendo éstos que esa prohibición ha de extenderse hasta enero de 2023, y no hasta el 9 de mayo de 2021 como quiere negociar Moncloa.
El PSOE y Unidas Podemos han votado este martes permitir el debate y votación de la enmienda antidesahucios en la Comisión de Presupuestos del Congreso, desoyendo el criterio de los letrados, que se habían posicionado en contra de tramitar esta enmienda por considerarla materia ajena a una Ley de Presupuestos. Finalmente, tras votarse en la tarde del martes, la enmienda fue rechazada.
La mayoría que socialistas y podemitas tienen en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados se ha hecho valer este martes para rechazar en bloque y veto directo a 85 enmiendas parciales del Partido Popular, entre las cuales se encuentran iniciativas como bajada de impuestos, un plan de apoyo a los autónomos, el fondo adicional para los ayuntamientos, apoyo a la hostelería, al turismo, una subida del sueldo de funcionarios de Prisiones, complementos retributivos para los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado o, complementos para fiscales y jueces en Cataluña.
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha vuelto a adelantarse al sector socialista del Gobierno y ha avanzado este jueves que en dos semanas el Ejecutivo presentará una medida para ampliar la prohibición de los desahucios hasta mayo de 2021, cuando concluye el actual estado de alarma. Tras días de polémicas, roces y 'tiras y aflojas' se constata que Unidas Podemos consigue que la medida salga adelante tras presionar al PSOE y el ala socialista logra que esta extensión se haga fuera del trámite de Presupuestos y no dure hasta 2023, como querían inicialmente los 'morados'.
El Gobierno no quiere entrar en nuevas polémicas con su socio podemita, y por eso este jueves permitió que Pablo Iglesias 'vendiera' el aplazamiento de los desahucios hasta el próximo 9 de mayo, fin del estado de alarma. Eso sí, subrayan fuentes ejecutivas consultadas por elEconomista, el líder de Podemos ha acabado aceptando negociar la reducción del aplazamiento de esa moratoria del 31 de diciembre de 2022, como pedía en un principio, a un máximo de cuatro meses vista.
Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han retirado la enmienda conjunta que habían presentado a los Presupuestos para prohibir los desahucios hasta enero de 2023 después de haber alcanzado un acuerdo dentro del Gobierno para promover esta medida a través de un real decreto.
El decreto ley que prepara el Gobierno para prolongar la moratoria de los desahucios de alquiler a los afectados por la crisis del coronavirus extenderá la medida a los colectivos que se encontraban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia, ha confirmado la ministra portavoz, María Jesús Montero.
Ya hay un acuerdo en el seno del Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos para paralizar los desahucios de familias vulnerables que no tengan alternativa habitacional mientras dure el estado de alarma, es decir, hasta mayo de 2021. Así lo ha transmitido este miércoles por la tarde la Vicepresidencia Segunda del Ejecutivo, que también ha confirmado que la medida llegará mediante un decreto ley que se aprobará cuanto antes en el Consejo de Ministros.
El número total de lanzamientos, comúnmente desahucios, sumó en los nueve primeros meses del año 18.138, un 55% menos que los 40.394 que se contabilizaron entre enero y septiembre de 2019, según las cifras que ha publicado este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).