El exconsejero madrileño de Sanidad Manuel Lamela y el empresario Daniel Horacio Mercado han declarado durante la investigación del caso Púnica que la expresidenta regional Esperanza Aguirre participó en reuniones en la que se acordó favorecer con contratos públicos a determinadas empresas de la trama Púnica.

El PSOE ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la imputación en el 'caso Lezo' de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, concretamente en la pieza que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación y construcción del campo de golf del Canal de Isabel II en el barrio madrileño de Chamberí.

La Guardia Civil afirma en un informe que la empresa Indra financió con 566.497 euros la campaña electoral de 2011 de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre a través de una serie de pagos a una empresa de estrategia electoral que trabajó para el PP, camuflados en contratos de trabajos que no se hicieron.

El denominado Caso Púnica vuelve a los grandes titulares informativos, tras la solicitud de imputación de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, expresidentas de la Comunidad de Madrid (CAM), hecha publica el pasado viernes y remitida al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ha publicado una frase de Gandhi que dice "No hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra", cita que reproduce en su cuenta de Twitter un día después de que la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se desmarcara de ella tras la petición de imputación de la Fiscalía Anticorrupción.

Quienes la conocen bien la definen como un persona comprometida, seria y responsable, cercana al ciudadano de a pie y curtida en mil batallas frente a los independentistas de Bildu, contra quienes ha bregado en el Parlamento de Navarra en la última legislatura. Puede que en su fortaleza frente a adversarios duros ha estado el secreto de su éxito para que Pablo Casado la acabe de designar vicesecretaria de organización, número tres del partido y encargada de cuidar y movilizar la maquinaria de la calle Génova.

El fracasado centro de inmigración del Ejecutivo

Durante la crisis del Open Arms, el Gobierno ofreció el Puerto de Algeciras para recibir a los inmigrantes que albergaba la embarcación. Tal anuncio fue muy criticado por el colapso que ya sufre dicha infraestructura, debido al incremento de inmigrantes y porque existían otros puertos más cercanos al buque, como Baleares. Según cuentan, el Ejecutivo tenía motivos para la elección de Algeciras. Por lo que se cuenta en el Ministerio de Interior, el objetivo era dar un impulso al Centro de Atención Temporal a Extranjeros (Cate). Una promesa electoral de Pedro Sánchez que lleva un año parada por diversos motivos. El más importante es que el complejo no es necesario, por la existencia de los Centros de Estancia Temporal (Cetis) de Tarifa y Algeciras. A pesar de ello, desde el departamento comandado por Fernando Grande-Marlaska maniobraron con la idea de que la llegada de los inmigrantes del Open Arms al puerto gaditano propiciara el arranque de la infraestructura que Sánchez prometió nada más llegar a La Moncloa, en julio del pasado año. A la vista está que los planes del Gobierno han fracasado estrepitosamente en este aspecto.

Las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, han sido imputadas este lunes en la pieza 9 del 'caso Púnica' en relación con la presunta financiación ilegal del PP de Madrid y citadas a declarar los próximos días 1 y 18 de octubre respectivamente, según han informado fuentes jurídicas.

El auto sobre el caso Púnica revela el gran alcance de la supuesta trama que el Gobierno de Esperanza Aguirre orquestó en torno a las licitaciones de la Comunidad de Madrid.

Al menos una treintena de grupos empresariales, mayoritariamente constructoras, se ha visto salpicada por la presunta trama del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid para obtener fondos públicos para el PP madrileño. El mecanismo consistió en introducir en los pliegos de licitación de los contratos de construcción y explotación de infraestructuras como hospitales, colegios y carreteras una cláusula para que las empresas adjudicatarias reservaran un 1% del presupuesto para hacer publicidad y promoción de las obras en medios de comunicación. Sin embargo, estas partidas terminaban en la caja b del partido conservador, según consta en un auto del juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica.