El fracasado centro de inmigración del Ejecutivo

Durante la crisis del Open Arms, el Gobierno ofreció el Puerto de Algeciras para recibir a los inmigrantes que albergaba la embarcación. Tal anuncio fue muy criticado por el colapso que ya sufre dicha infraestructura, debido al incremento de inmigrantes y porque existían otros puertos más cercanos al buque, como Baleares. Según cuentan, el Ejecutivo tenía motivos para la elección de Algeciras. Por lo que se cuenta en el Ministerio de Interior, el objetivo era dar un impulso al Centro de Atención Temporal a Extranjeros (Cate). Una promesa electoral de Pedro Sánchez que lleva un año parada por diversos motivos. El más importante es que el complejo no es necesario, por la existencia de los Centros de Estancia Temporal (Cetis) de Tarifa y Algeciras. A pesar de ello, desde el departamento comandado por Fernando Grande-Marlaska maniobraron con la idea de que la llegada de los inmigrantes del Open Arms al puerto gaditano propiciara el arranque de la infraestructura que Sánchez prometió nada más llegar a La Moncloa, en julio del pasado año. A la vista está que los planes del Gobierno han fracasado estrepitosamente en este aspecto.

Las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, han sido imputadas este lunes en la pieza 9 del 'caso Púnica' en relación con la presunta financiación ilegal del PP de Madrid y citadas a declarar los próximos días 1 y 18 de octubre respectivamente, según han informado fuentes jurídicas.

El auto sobre el caso Púnica revela el gran alcance de la supuesta trama que el Gobierno de Esperanza Aguirre orquestó en torno a las licitaciones de la Comunidad de Madrid.

Al menos una treintena de grupos empresariales, mayoritariamente constructoras, se ha visto salpicada por la presunta trama del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid para obtener fondos públicos para el PP madrileño. El mecanismo consistió en introducir en los pliegos de licitación de los contratos de construcción y explotación de infraestructuras como hospitales, colegios y carreteras una cláusula para que las empresas adjudicatarias reservaran un 1% del presupuesto para hacer publicidad y promoción de las obras en medios de comunicación. Sin embargo, estas partidas terminaban en la caja b del partido conservador, según consta en un auto del juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica.

Daniel Horacio Mercado, el publicista argentino investigado en el marco de la operación Púnica por haber contribuido presuntamente como una pieza fundamental en la financiación ilegal del PP mediante la facturación de distintos contratos, se hizo de oro tras la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003. Mercado, que según la investigación facturaba sus servicios fundamentalmente a través de cuatro empresas -Over Marketing, Traci Comunicación, Traci y Link América- pasó de facturar poco más de 6,5 millones en 2002 a cerca de 18 millones en 2007.

Madrid, 24 sep (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, cree que ni habría "ningún problema" ni "debería haberlo" si la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, es llamada a comparecer en la comisión de investigación sobre el ente semipúblico Avalmadrid.

El representante legal de Indra, Joaquín de Fuentes, declaró ayer ante el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional por el caso Púnica. La empresa, imputada por presunta financiación ilegal al PP de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre, se ha desligado de la trama y ha apuntado directamente a la gestión de la empresa durante la presidencia de Javier Monzón, que ocupó el cargo desde 1992 hasta 2015. En la actualidad, Monzón es presidente no ejecutivo del grupo Prisa y presidente de Openbank, entidad cien por cien digital del Santander.

El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela ha situado a los expresidententes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González en una reunión celebrada en 2004, en la que presuntamente se invitó a los consejeros de aquella época a contratar a empresas investigadas en el caso Púnica, empleadas para el presunto desvío de dinero de fondos públicos.

El expresidente madrileño Ignacio González ha negado al juez de Púnica haber pedido un millón de euros para financiar al PP de Madrid en una reunión de 2012 con el exdirectivo de la Agencia de Informática y Comunicación de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, ya que ha dicho que esa reunión nunca existió.

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha asegurado al juez de Púnica que no tenía responsabilidad económica, administrativa o contractual en el PP de Madrid porque no eran las funciones del presidente, y ha dicho que ella nombraba a sus cargos en la Comunidad pero que siempre lo consultaba con Mariano Rajoy.