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El Tribunal Supremo ha avalado ya la postura de los expertos sobre la necesidad e importancia de que las empresas cuenten con programas de cumplimiento normativo en el seno de las entidades para preservar la ética empresarial y prevenir la comisión de delitos. Con una nueva sentencia de 28 de junio de 2018, el Tribunal comienza a asentar ya su jurisprudencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, como preveían los especialistas, ha puesto el foco en la exigencia a las entidades de un plan de prevención de delitos, una medida que puede eximir de responsabilidad a las sociedades.