Las cestas de Navidad o los regalos de empresas tienen consecuencias tributarias, tanto para el trabajador como para la empresa. Para Hacienda la entrega constituye una retribución en especie, y como tal tendrá que venir reflejada en la nómina y tributará en el IRPF. Los expertos fiscales advierten de que las empresas pueden descontarlo de la nómina.
Hace hoy justamente una semana, se presentó el acuerdo fiscal entre la Consejería de Economía de la Generalitat y Catalunya en Comú Podem, en el marco de las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos catalanes para 2020. Se presentó como una vía para ganar progresividad en el marco tributario catalán y que pague más quien más tiene, pero la realidad es que los cambios que se plantean afectan en mucha mayor proporción a las clases medias que a las más elevadas, en un contexto en el que Cataluña ya es actualmente la autonomía que más presión fiscal ejerce sobre las rentas bajas y medias. Así lo han constatado a elEconomista expertos fiscalistas de los bufetes Garrigues, Cuatrecasas y Roca i Junyent.
La Comisión considera que es desproporcionada la normativa tributaria que obliga a declarar los bienes y derechos situados en el extranjero, a través un formulario de declaración fiscal Modelo 720, con fuertes sanciones económicas para quien declare fuera de plazo o no lo haga.
El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley con medidas tributarias y catastrales. Dentro de este paquete, se ha decidido prorrogar para 2020 los límites de facturación de la tributación por módulos para los autónomos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF); se mantiene la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio; y se actualizan los valores catastrales, al alza o a la baja, de los municipios que lo han solicitado.
La Declaración de la Renta 2019, que se efectuará en los meses de mayo y junio del año que viene, exigirá mayor información sobre los inmuebles de los que el contribuyente sea titular, de los alquileres y de las actividades empresariales y profesionales que tributen por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Por segunda vez desde las elecciones del 10-N, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias venden desde el Congreso de los Diputados su hoja de ruta económica, una reedición de su acuerdo presupuestario y de las cesiones programáticas que en su día hizo el líder del PSOE a Podemos para granjearse su apoyo. Así pues, el documento Un nuevo acuerdo para España, de 49 páginas, no encierra sustanciales novedades sino diferente nivel de concreción en las medidas ya esbozadas anteriormente, lo cual no se torna un buen presagio, al faltar una verdadera readaptación al nuevo horizonte de desaceleración. Prueba de ello, sin ir más lejos, la falta de memoria económica acompañando a las medidas.
La Dirección General de Tributos (DGT) rechaza que las compensaciones que se abonan por un pacto de no competencia postcontractual gocen de la bonificación del 30% en el IRPF. "Cuando se despide a un trabajador con el que fue suscrito un pacto de no competencia postcontratual por 24 meses, abonando la empresa una compensación, no resulta de aplicación a esta compensación la reducción prevista en el artículo 18.2 de la Ley 35/2006", señala la DGT en una consulta vinculante, de 8 de Octubre de 2019.
La Agencia Tributaria ha devuelto ya 10.209 millones de euros a 14.061.000 contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) correspondiente a 2018, lo que supone que, a fecha de 2 de enero, se han realizado ya el 97% de las devoluciones solicitadas y se han abonado el 94,1% de los importes solicitados correspondientes.
La Agencia Tributaria ha pagado ya 314,235 millones de euros a 460.083 aragoneses en la devolución de la declaración de la Renta (IRPF) correspondiente a 2018. En el conjunto de España, se han devuelto 10.209 millones a 14.061.000 contribuyentes.
La patronal Foment estalla contra el fuerte avance que mostrarán los tipos marginales del IRPF en Cataluña para las rentas altas. A ese avance, sin duda, contribuirá el plan del Gobierno central de elevar los gravámenes en dos puntos a partir de ingresos superiores a 130.000 euros y cuatro puntos desde 300.000 euros.