La incertidumbre que genera la tasa bancaria

Si hay un proyecto que atravesó todo tipo de vicisitudes en los últimos meses, ése es el plan del Gobierno de crear un impuesto específico para el sector financiero. Pedro Sánchez llegó al poder en 2018 con la promesa de implantarlo, pero poco tiempo después lo descartó. Posteriormente, en mayo pasado, la tasa resucitó para formar parte de las propuestas que Moncloa envió a Bruselas en el Plan de Estabilidad. Además, se sabe que la oferta de aplicarla estuvo sobre la mesa en las negociaciones para que Podemos apoyara la investidura de Sánchez. ¿Y ahora?: comentan en el sector financiero que los vaivenes no han cesado y que el Ejecutivo “está totalmente dividido a este respecto”. “Depende mucho de con quién hables en Hacienda”, comenta un ejecutivo bancario, ya que en el departamento que dirige María Jesús Montero “hay quien rechaza completamente este proyecto pero también los hay que sólo se niegan a que Podemos imponga el diseño del impuesto y lo ven viable”. “Es difícil aclararse sobre qué ocurrirá”, añade esa misma fuente.

La pancarta con el lazo amarillo ha sido retirada a las 15.33 horas de la fachada de la Generalitat después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya ordenado a los Mossos d'Esquadra que la quitaran de forma inmediata.

El director de los Mossos d'Esquadra, Andreu Martínez, deja el cargo que había ocupado durante año y medio, en vísperas del segundo aniversario del referéndum del 1-O y ante un otoño que se prevé tenso por las movilizaciones previstas ante una eventual condena del caso procés. Su marcha se produce también en pleno vendaval por las detenciones de miembros de CDR que planeaban atentados en Cataluña.

La Ley de Seguridad Nacional se ha convertido en el 'latiguillo' de los últimos días con permiso del manido artículo 155 de la Constitución. La situación política de Cataluña, con un octubre 'caliente' en el calendario a la espera de la sentencia del 1-O, ha hecho que diversos actores políticos, especialmente el PP, han insistido al Gobierno en funciones para que aplique esta norma como paso previo al citado precepto de la Carta Magna. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha reconocido abiertamente que estaría dispuesto a tirar de ella si la situación de orden público en la comunidad lo requiere. ¿En qué consiste dicha ley?

Dirigentes de los Mossos d'Esquadra y de la Conselleria de Interior de la Generalitat se han marchado ofendidos este miércoles de la celebración de la patrona de la Guardia Civil en la comandancia de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) ofendidos por un discurso del jefe del cuerpo en Cataluña, Pedro Garrido.

La consellera de Presidenta de la Generalitat y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha remitido este jueves una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la que exige el "cese inmediato" del jefe de la Guardia Civil en Cataluña.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha explicado que el conseller de Interior, Miquel Buch, se ha reunido este martes con mandos de los Mossos d'Esquadra para abrir "la evaluación interna más grande que se ha hecho nunca de un operativo, teniendo en cuenta la magnitud del mismo", en referencia al dispositivo realizado durante los disturbios en respuesta a la sentencia del 1-O, y ha explicado que de esa reunión se derivan 15 actuaciones concretas.

Cuando le preguntas si el lunes seguirá siendo el ministro del Interior, sonríe, dice que la semana próxima todavía estará en funciones y añade, sin más, que su "compromiso con Sánchez y el PSOE sigue intacto". La entrevista se celebra en un pequeño receso del Congreso internacional de igualdad de género en el ámbito de la seguridad, que se está celebrando en Toledo, en el único hueco disponible en su saturada agenda, plagada de actos electorales, en puertas del 10-N. Aunque ahora es el responsable de garantizar la seguridad de los españoles es inevitable seguir relacionándole con su vida anterior, cuando era considerado un juez estrella de la Audiencia Nacional o uno de los miembros más respetados del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, es imposible abordar cualquier tema de actualidad que no termine con una alusión al ordenamiento jurídico y al estricto cumplimiento de la legalidad constitucional, por encima de cualquier otra consideración. Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) ha cambiado el poder judicial por el ejecutivo, pero mantiene inalterables sus principios de hombre valiente -que plantó cara al terrorismo de ETA, paseándose por las herriko tabernas cuando le pusieron en la diana- o su condición de activista comprometido con la causa LGTB, los refugiados o la defensa de las víctimas de violencia machista. Especial Elecciones

El mal recuerdo que deja Rivera en el Ibex

Casi desde su aparición, Albert Rivera fue uno de los políticos predilectos de los empresarios. Pero esa preferencia se fue diluyendo en los últimos meses hasta el punto de que el ya expresidente de Ciudadanos dejó de contestar las llamadas que llegaban desde los despachos de los directivos del Ibex 35. No obstante, lo que deja un peor recuerdo en el mundo empresarial es que "presumía" de no escucharles cuando dichos ekecutivos le instaban a "abstenerse"en la anterior legislatura y permitir la investidura de Pedro Sánchez. "Se le pidió ese gesto para evitar lo que precisamente ha ocurrido ahora, un Gobierno de coalición con Unidas Podemos que perjudicará a la economía", dicen desde una cotizada en el Ibex. Los empresarios añaden además que, además, de "enorgullecerce por no cogerles las llamadas", también les ha molestado de Rivera que mostrara esa manifiesta hostilidad sin que se supiera el motivo. "La empresa le puso en el punto de mira y le aupamos a él y a su formación en el mundo político. No comprendemos por qué ese odio de Rivera hacia personas que le han ayudado tanto", se quejan desde una firma del Ibex.

La partida para pagar a los Mossos d´Esquadra proviene de Madrid. El Ministerio del Interior es el encargado de enviar el dinero para abonar el sueldo de los agentes del cuerpo de los Mossos d´Esquadra, que cuenta con casi 17.000 efectivos. Sin embargo, es la Generalitat de Cataluña, con el consejero de Interior Miquel Buch al frente, la que gestiona estas cantidades.

Iglesias busca un alza simbólica del SMI

Es bien conocido que el Gobierno no es partidario de subir el salario mínimo (SMI) hasta los 1.000 euros en 2020, a pesar de haberlo prometido durante la campaña electoral. De hecho, todo apunta a que Pedro Sánchez y su equipo pretenden congelar el SMI el próximo año en los 900 euros actuales. Pues bien, cuentan que esta decisión del Ejecutivo provocada por la incertidumbre económica actual choca con los intereses de su socio Unidas Podemos, que siempre ha abogado por que el SMI siguiera creciendo. De ahí que, según dicen, la congelación que Sánchez plantea no ha sentado nada bien en la formación liderada por Pablo Iglesias. No obstante, fuentes de Podemos indican que no cejarán en su empeño de lograr un incremento del SMI, aunque sea de carácter simbólico desde los 900 euros actuales. Poco se sabe de la cuantía que tendrá dicha alza, si es que finalmente llega a producirse. Pero lo que es seguro es que el SMI sigue estando en la mesa de negociación de ambas formaciones y que, por lo visto, el Gobierno no descarta aún contentar a los de Iglesias y dar el visto bueno a ese pequeño incremento. “Es muy probable que finalmente el PSOE acepte”, corroboran desde un sindicato.

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha anunciado este miércoles que revisan actualmente 33 actuaciones de los Mossos d'Esquadra en las movilizaciones que tuvieron lugar en diversos municipios de Cataluña tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los presos independentistas.

La Audiencia Nacional ha rechazado juzgar al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero en la Audiencia de Barcelona, tal y como pedía su defensa, después de que la Fiscalía se opusiera a modificar su acusación por un delito de rebelión por el de sedición, al menos hasta que se inicie la vista oral.

El exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, el exconseller de Interior Joaquim Forn, el expresidente catalán Artur Mas y el secretario de la sala civil y penal del TSJC figuran entre el centenar de testigos que desfilarán en el juicio por rebelión contra el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero.

El juicio a la dirección de los Mossos por el procés ha arrancado este lunes a las 10:00 horas en la Audiencia Nacional, pero el mayor Josep Lluís Trapero inició su defensa hace meses, cuando testificó en el Tribunal Supremo y se desmarcó del Govern: le avisó del riesgo de violencia el 1-O y le aseguró que cumpliría la ley. En Directo | La Audiencia Nacional juzga a la cúpula de los Mossos por el procés.

El mayor de los Mossos d'Esquadra José Luis Trapero ha asegurado este lunes que nunca conoció el proyecto independentista del Gobierno presidido por Carles Puigdemont y ha llegado a calificar de "barbaridad" las conclusiones de la comisión del proceso constituyente que se creó en el Parlament en el año 2016 y de "ilegales" los actos promovidos por la Generalitat. Así ha transcurrido la primera sesión del juicio a Trapero y la cúpula de los Mossos en 2017

El mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero ha asegurado hoy que no tiene "ninguna duda" de que los Mossos intentaron evitar el 1-O, aunque ha admitido que algunos agentes, no más de un centenar, hicieron "menos de lo que tocaba hacer" debido a "motivaciones ideológicas". Así ha transcurrido la segunda sesión del juicio a Trapero y la cúpula de los Mossos en 2017

El mayor de los Mossos d'Esquadra José Luis Trapero ha asegurado este martes, en la segunda sesión del juicio que celebra la Audiencia Nacional por el proceso independentista en Cataluña, que la policía autonómica se negó a entregar información económica y fiscal solicitada por el Gobierno de Carles Puigdemont para una futura república catalana que se instauraría tras conseguir la independencia. Así ha transcurrido la segunda sesión del juicio a Trapero y la cúpula de los Mossos en 2017

El mayor de los Mossos d'Esquadra José Luis Trapero ha revelado este miércoles en la Audiencia Nacional que desde que fue apartado de su cargo como jefe policial ha sido tanteado para entrar en política, lo cual ha descartado de plano, y que el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, quiso recuperarle para dirigir el cuerpo, ofrecimiento al que también se negó. En directo | Juicio a la cúpula de los Mossos en 2017 por el 20-S y el 1-O

La intendente de los Mossos d'Esquadra Teresa Laplana ha defendido este miércoles que su papel durante la concentración masiva ante las puertas de la Consejería de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017 era de "interlocución" con los representantes de la Guardia Civil que estaban llevando a cabo el registro de las dependencias y que no tenía ninguna capacidad de "movilizar los recursos de orden público". Asimismo, ha destacado que tan sólo habló con el expresidente de la Assamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez cuando sus superiores se lo ordenaron.

El ex director general de los Mossos d'Esquadra Pere Soler ha desvinculado este jueves ante el tribunal que le juzga la actuación de la policía autonómica de las declaraciones políticas que se hacían desde el Gobierno catalán durante el otoño de 2017, ya que ha asegurado que el Cuerpo "no estaba con el proyecto independentista". Sobre su labor concreta, ha asegurado que no se ocupaba de dar instrucciones operativos y que tampoco lo hizo durante el 'procés', por lo que ha negado haber ordenado que los agentes defendieran el referéndum ilegal del 1 de octubre. En directo | Juicio a la cúpula de los Mossos en 2017 por el 20-S y el 1-O

El coordinador del dispositivo policial el 1-O, Diego Pérez de los Cobos, ha insistido este lunes en que no tuvo ningún mando sobre los Mossos d'Esquadra, y si lo hubiera tenido lo primero que hubiera hecho sería apartar a Josep Lluis Trapero porque estaba "permanentemente poniendo palos en las ruedas". En directo | Juicio a la cúpula de los Mossos por el 20-S y el 1-O

El comisario de los Mossos d'Esquadra Ferran López ha asegurado este miércoles que la policía autonómica atendió todas las peticiones de apoyo que solicitó la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017 con motivo de los registros del instituto armado en Cataluña por el 1-O.

El teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, instructor policial responsable de todos los atestados sobre el 20-S y el 1-O, ha asegurado que el liderazgo del mayor Josep Lluis Trapero al frente de los Mossos d'Esquadra "era fundamental para el buen fin" del referéndum ilegal, en consonancia con lo establecido en la hoja de ruta a la independencia plasmada en el documento Enfocats.

El Comité contra la Tortura del Consejo de Europa (CPT) expresa su preocupación por algunas denuncias de malos tratos recibidas de personas detenidas por los Mossos d'Esquadra y reclusos recluidos en departamentos de régimen cerrado especial en prisiones, sobre todo en Brians 1, en un informe publicado este martes.

La secretaria judicial que realizó el registro en la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017, Montserrat del Toro, aseguró este lunes en el juicio que celebra la Audiencia Nacional contra la cúpula de los Mossos d'Esquadra que pasó miedo durante la jornada de registro y que se vio obligada a salir por la azotea porque "fuera no se podía estar sin peligro para la vida".

Dos hombres han ingresado en prisión por romper hasta 39 veces el confinamiento y por cometer varios robos durante el decreto del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, según han informado este martes en un comunicado los Mossos d'Esquadra.

Sin indicios de final en el colapso de Trabajo

El enorme volumen de Ertes que ha habido desde el inicio de la pandemia del coronavirus ha hecho que el Ministerio de Trabajo esté desbordado. La consecuencia más grave de este colapso es que genera retrasos en el cobro de las prestaciones. Para evitarlo, el departamento comandado por la ministra Yolanda Díaz llegó a un acuerdo con la asociaciones bancarias para que fueran las entidades financieras las que adelantaran el pago de los subsidios a todos aquellos que lo tienen ya reconocido. Este acuerdo entró en vigor este mismo mes. Y su duración es de unos tres meses. No obstante, desde Trabajo insisten en que se trata de un acuerdo prorrogable en el tiempo. Y por lo que se dice en los pasillos del Ministerio es muy posible que vaya a ser así. Por lo visto, los tres meses de duración no parece que sean suficientes para remediar el colapso que ahora sufre el Ministerio por la mayor carga de trabajo, aunque los Ertes por fuerza mayor puedan perder vigencia antes del verano. "Todo apunta a que deberá de firmarse una nueva prórroga ya que las previsiones apuntan a que seguiremos desbordados de medidas de ajuste durante bastantes meses mas", indican desde Trabajo.

El malestar que surge en el Sepe con Díaz

El malestar entre los empleados del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) es máximo. Se consideran víctimas de las protestas (caceroladas incluidas) cada vez más mayoritarias de la población y creen que no se merecen ser el blanco de las mismas. Según cuentan los funcionarios del Sepe entienden que todos aquellos que no han cobrado aún los Ertes estén molestos. Pero consideran que ellos no son los culpables de los retrasos y, sin embargo, son los que están sufriendo las iras de las personas, “con agresiones verbales incluidas”. Estiman que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, actuó con irresponsabilidad al levantar falsas expectativas asegurando incluso “que no había retrasos” y “que los problemas ya estaban resueltos”, cuando la realidad era muy diferente. “De repente, el volumen de trabajo se multiplicó por 10 y aunque lo hagamos lo más rápido que podemos, no llegan los recursos, falta liquidez, para dar salida en su tiempo a todos los expedientes”, dicen desde una oficina de Empleo. Las mismas fuentes indican que están pagando la “frustración” de las más de 900.000 personas afectadas por los Ertes que aún no han recibido la prestación. Por lo que se dice, la ministra es consciente del malestar que existe en el Sepe. No obstante, los funcionarios no esperan “que rectifique su tono”. 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional rebaja su acusación contra el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero de un delito inicial de rebelión a uno de sedición por el que pide una condena de 10 años de prisión. Incluso, plantea como alternativa una condena por desobediencia, delito que conlleva penas de multa e inhabilitación, pero no de cárcel.