El PP ha exigido de manera inmediata a la recién conformada Mesa del Congreso la constitución "de inmediato" de la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso con el fin de renovar sus recomendaciones y que estas "marquen el futuro de la acción del Gobierno en materia de Seguridad Social".Cabe recordar que este mes de febrero se cumple un año de inactividad por parte de la Comisión parlamentaria después de que se fracturase en el último momento por el desacuerdo de Unidas Podemos en el borrador de recomendaciones que previamente había apoyado. Desde ese momento, y tres procesos electorales mediante, los trabajos sobre la reforma del sistema de pensiones permanecen frenados a la espera de que se vuelva a conformar el Pacto de Toledo.

El primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno aprueba una revalorización de las pensiones del 0,9%, cuantía casi idéntica al IPC de diciembre. Era un paso previsible ya que el presidente Sánchez aseguró el mes pasado que ésta sería su medida prioritaria. Además, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, adelantó en su toma de posesión que este tipo de subidas marcarán la tónica durante la legislatura, ya que el objetivo es volver a vincular las pensiones con la inflación.

El PSOE se reserva la presidencia de 17 comisiones parlamentarias en el Congreso. Para ocupar esas presidencias de comisión, el PSOE ha escogido, como suele ser tradición, a exministros y altos cargos que acaban de dejar el Gobierno y a miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE que no tienen cargo en la Administración y que ya fueron designados para ocupar este tipo de puestos en la fallida legislatura de 2019. Los casos más reseñables son los de las exministras de Trabajo, Magdalena Valerio, y de Sanidad, María Luisa Carcedo.

Por tercer año consecutivo, las pensiones han quedado sujetas a la evolución del IPC. Por tanto, en 2020 avanzarán un 0,9% como mínimo (con una posible paga compensatoria si la inflación rebasa ese nivel). Dicha revinculación al índice de precios lleva ya camino de convertirse en permanente, mostrando incluso un blindaje con rango de ley.

Los partidos retoman a partir de hoy los trabajos en la Comisión del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones con la intención de aprovechar los avances realizados en los dos años y medio de negociaciones. Entre estos avances está el acuerdo alcanzado cuasi por unanimidad en febrero de 2019 sobre la revalorización de las pensiones en base al IPC previsto. Así, el principal objetivo es llegar a un acuerdo cuanto antes para "no alargar más la incertidumbre de los pensionistas", señalan a elEconomista fuentes de la Comisión con la esperanza de que la recomendación sobre la revalorización y suficiencia no difiera de lo acordado con un amplio consenso de las fuerzas políticas antes de que el borrador para la reforma saltase por los aires a pocas semanas de las elecciones generales de abril. Y que, por lo tanto, esta propuesta adquiera rango de ley lo antes posible.

La primera reunión de la presidenta y la mesa de portavoces del Pacto de Toledo ha dejado con buen sabor de boca a los representantes de los partidos políticos. Las formaciones han acordado retomar los trabajos desde donde quedaron hace justo un año cuando el borrador de recomendaciones para la reforma del Sistema fue tumbado por el desacuerdo de Unidas Podemos y ERC cuando parecía visto para sentencia. Sin embargo, los grupos han acordado revisar una por una las 21 recomendaciones que entonces fueron preacotadas para explicarlas al conjunto de los miembros de la Comisión y, eventualmente, valorar las opiniones al respecto principalmente de los portavoces de las nuevas formaciones presentes en esta Comisión parlamentaria.

Era la principal incógnita de la primera reunión de trabajo de los nuevos miembros de la Comisión del Pacto de Toledo que sentará las bases de la reforma del sistema de pensiones en España: la postura de Vox, único de los partidos representados que aboga abiertamente por un desmantelamiento del actual modelo para ir hacia un sistema mixto de reparto y capitalización. Y, sin embargo, parece que el seno del Pacto de Toledo podría ser uno de los pocos ágoras donde la formación que preside Santiago Abascal trate encontrar cauces de entendimiento con todos los partidos, incluido PSOE y Unidas Podemos. Al menos esta es la idea que se desprende de las declaraciones del portavoz de la formación verde en la Comisión, Pablo Sáez, a la llegada a la primera reunión de trabajo de esta legislatura, donde de entrada han aceptado retomar las negociaciones a partir del borrador consensuado ahora hace un año con las bases para la reforma de las pensiones y que fue tumbado por Unidas Podemos en el último momento, justo antes de la celebración de las elecciones generales de abril de 2019.

La asociación de letrados de la Seguridad Social critica el plan de transferir al País Vasco la gestión de los pagos de las pensiones a partir de 2022. Es sabido que, sobre el papel, esa decisión no supone la ruptura de la tesorería común, o caja única, de estas prestaciones. Esa realidad, sin embargo, no impide que sea una decisión de gran importancia para el conjunto del sistema de protección. Junto a los pagos, se transferirá a Euskadi la capacidad de inspeccionar y reclamar deudas en caso de reestructuraciones.

El Ministerio de Economía trabaja sobre el borrador del plan de inversiones y reformas que debe enviar a Bruselas para que España pueda acceder al fondo de reconstrucción que negocia la UE y en él contempla, entre otras medidas, una reforma de las pensiones, según ha podido saber elEconomista. El borrador aún está en una fase muy temprana -sufrirá modificaciones-, y no detalla sobre las pensiones las líneas de modificación que se abordarían, aunque sobre la mesa del debate sobre el Sistema público ya están opciones como la variación de los años de vida laboral computables, la introducción de factores que modulen la cuantía de la pensión en función de la esperanza de vida o la separación de fuentes de financiación.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha pedido a los grupos parlamentarios que se pongan de acuerdo en el Pacto de Toledo y cierren las recomendaciones pendientes este año, entre las que deberían incluir desincentivar la jubilaciones anticipadas. El ministro ha explicado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado las prioridades de su departamento para esta legislatura y ha recordado que el gasto en pensiones aumentará 2,5 puntos el gasto público en 2045 cuando haya 11 millones de pensionistas.

La Comisión de Reconstrucción, pese a su insignificancia económica, sirvió de marco para que el gobernador del Banco de España formulara el que debió ser, desde el inicio de la crisis, el plan de reactivación del Gobierno.

La trayectoria de la presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, es un perfecto ejemplo de que la carrera del mérito es posible y de que la vocación, el conocimiento, la entrega y el esfuerzo son recompensados. Valerio relata con emoción y optimismo a elEconomista Pensiones sus proyectos y deseos al frente de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, un órgano que siempre percibió como algo mítico, un símbolo perenne del ámbito laboral, y que ahora preside con la misma ilusión con la que tomó posesión de la cartera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en 2018, en el mismo edificio oficial en el que, años atrás, pisó por primera vez como opositora. Durante la entrevista, realizada telemáticamente, se muestra entusiasta y positiva con el futuro: cree que se puede esquivar una subida directa de las cotizaciones pese al azote del Covid-19 a las Cuentas de la Seguridad Social y confía en cerrar un acuerdo para la revisión de las recomendaciones del Pacto de Toledo este mismo año. Es entusiasta y comprometida: no en vano, gracias a esas cualidades en solo dos años ha encabezado los dos puestos estrella del ámbito laboral del país.

La epidemia alteró por completo el calendario de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. El regreso a la normalidad, sin embargo, permitirá que el organismo retome en breve el debate sobre la nueva reforma del sistema de pensiones.

La nómina de prestaciones contributivas y no contributivas sufre el primer retroceso de la historia de casi 27.000 millones de euros en solo 30 días.

El Informe de Evaluación y Seguimiento de las Recomendaciones de los Acuerdos del Pacto de Toledo se cerró el pasado diciembre de 2019 sin consenso suficiente por parte de los Grupos Parlamentarios y por lo tanto su aprobación quedó pendiente para esta nueva legislatura. Sin embargo el Borrador elaborado sin duda servirá de base del nuevo debate que ya ha vuelto a quedar abierto en marzo de 2020, retrasado por las condiciones impuestas por la COVID-19, pero que se pondrá definitivamente en marcha de nuevo en septiembre de este año.

El Pacto de Toledo estudiará la reivindicación de la Asociación de Jubilados con más de 40 años cotizados (Asjubi40) de eliminar los coeficientes reductores que se aplican a las jubilaciones anticipadas en los casos en que concurren cotizaciones de 40 o más años.

El Pacto de Toledo, que este martes se reunirá con sindicatos y patronal, estudiará levantar las restricciones a las jubilaciones anticipadas en los casos en los que el pensionista tenga cotizados 40 años o más. En concreto, la comisión estudiará la reivindicación de la Asociación de Jubilados con más de 40 años cotizados (Asjubi40) de eliminar los coeficientes reductores que se aplican a las jubilaciones anticipadas en los casos en que concurren cotizaciones de 40 o más años.

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha trasladado al ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, la necesidad de no aplicar coeficientes reductores en las pensiones de las personas con largas carreras de cotización.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones, José Luis Escrivá, ha apostado hoy por limitar y desincentivar las jubilaciones anticipadas para aumentar la edad real de jubilación. Además, para conseguir esta extensión de los años para retirarse, ha recomendado bonificar a aquellos que trabajen más allá de su vida laboral. "Hay que extender la edad real de jubilación y eso supone hacer menos uso de las prejubilaciones o facilitar a quien quiera que trabaje más allá de su vida laboral", ha manifestado.

La reforma de las pensiones continúa siendo una asignatura pendiente. El Pacto de Toledo discute desde hace un tiempo -antes del inicio de la pandemia- cuál sería la mejor manera para que el sistema sea sostenible, asegure el poder adquisitivo de los pensionistas y ofrezca garantías a una de las preocupaciones más candentes de los españoles. A la espera de consenso, todo parece indicar que el Gobierno quiere volver al método de 2011: revalorizar las pensiones acorde al IPC real. Este año subieron un 0,9%.

El Pacto de Toledo se encuentra en estos momentos en plena recta final para zanjar las recomendaciones para la reforma de las pensiones que serán recogidas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para traducirlas en cambios normativos. Uno de los aspecto que está garantizado es la vinculación de la revalorización de las pagas al IPC, y que según ha podido saber elEconomista está garantizado que así será en la nueva reforma a pesar de la coyuntura financiera delicada que atraviesa el Sistema. Sin embargo, esta brida implica una senda de gasto ascendente que amenaza con desbordar la capacidad de la Seguridad Social española, tal y como advertía recientemente el Banco de España. Precisamente, el regulador bancario ha analizado en un documento de perspectivas económicas la implicación de abordar esta senda de incremento de las pensiones, donde asegura que el coste de las pensiones se elevaría en 36.000 millones para 2050.

Un ministro hace unas declaraciones públicas en que afirma que se deben adoptar medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación como medio para contribuir a equilibrar los costes del sistema de pensiones de la Seguridad Social y la titular de otra cartera le contradice haciendo otras declaraciones, igualmente públicas, en las que afirma que la pronta jubilación de los mayores brinda más oportunidades a los jóvenes en el mercado de trabajo.

El déficit de la Seguridad Social puede tener los días contados, una vez se sustancien en el Pacto de Toledo las recomendaciones que servirán al Gobierno para legislar sobre el sistema público de pensiones. La intención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es con la percha de la separación de fuentes de financiación que se recoge en la primera de las recomendaciones para extraer de la Seguridad Social hasta 22.871 millones de euros, equivalentes al 1,6% del PIB en 2023, de gasto no contributivo e impropio. Ello, supondría de facto la eliminación del déficit en el organismo encargado de pagar las pensiones en España y tal y como confirman fuentes de Moncloa a este medio, la idea es desplegar este proceso en el periodo que resta de legislatura.

PSOE y PP acuerdan dejar fuera de la futura reforma del sistema de pensiones al Régimen Especial de Clases Pasivas, el sistema particular de protección con el que cuentan los funcionarios. No habrá así cambios para esta modalidad de jubilación pese a que lleva años planteando importantes problemas.

El Pacto de Toledo trabaja a marchas forzadas intentando lograr un acuerdo sobre la reforma de pensiones con la mayor prontitud posible, antes de la aprobación de los Presupuestos Generales. Una de las cuestiones que saldrá de las recomendaciones que los partidos presentes en la Comisión eleven al Ministerio de Seguridad Social es el mantenimiento de la jubilación a los 60 años para los funcionarios de clases pasivas (profesores, funcionarios de carrera de la Administración Central, militares de carrera, jueces, fiscales, guardias civiles, policías, etc.) una vez se apruebe la reforma, tal y como habrían acordado tanto PSOE como PP. | Editorial: Régimen privilegiado de jubilación.

El Pacto de Toledo estudia la posibilidad de desviar hasta 12.000 millones de euros procedentes de las cotizaciones por desempleo que va a parar al Sepe a los fondos de la Seguridad Social para afrontar futuros gasto en pensiones. Concretamente, el documento sobre el que trabajan los partidos representados en la Comisión parlamentaria encargada de emitir las recomendaciones para la reforma del sistema público, recoge la posibilidad de derivar tres puntos porcentuales de la cotización que realizan los trabajadores al Sepe hacia contingencias comunes, que es la aportación que ingresa la Seguridad Social y con las que se sufragan las pensiones en nuestro país.

A pocos días del toque de corneta para arrancar la reforma del sistema público de pensiones, una vez el Pacto de Toledo resuelva el documento de recomendaciones y que según ha podido saber elEconomista podría tener lugar en las próximas semanas, la reforma de pensiones parece tener ya cara y ojos a la luz de las observaciones realizadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención en la Comisión parlamentaria del ramo. Concretamente, los cambios que llegan para las jubilaciones futuras se sustancia en seis aspectos, a pesar de que serán hasta 21 las recomendaciones que emita el Pacto de Toledo de la reforma.

La crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19, empobrece a España y a nuestros mayores que ven menguar sus pensiones. Según las recientes previsiones del Gobierno, la economía española caerá más del 11% en el 2020. Para hacer frente y paliar la crisis, el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado el llamado 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española', basado en cuatro ejes transversales (transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género).