El sistema de Seguridad Social contaba con 19.455.384 cotizantes y 8.705.707 pensionistas a cierre del año pasado, lo que da 2,23 afiliados por cada perceptor de una pensión, marcando así el peor dato de la serie histórica desde 1999.
Uno de los ataques más frecuentes tanto de la oposición como de las organizaciones sindicales al Gobierno es que en los últimos cinco años ha aplicado la revalorización automática de las pensiones por la mínima del 0,25 por ciento. Sin embargo, el Ejecutivo defiende que los pensionistas sólo han perdido una décima de poder adquisitivo entre 2014 y 2017, debido a que en tres de esos cuatro años la tasa de inflación media fue negativa.
Como cada mes, los datos que hizo públicos ayer el Ministerio de Empleo sobre el paro y la afiliación a la Seguridad Social en enero tienen más de una lectura. La tendencia estadística marca que el fin de la campaña de Navidad se lleva por delante miles de puestos de trabajo, sobre todo, en comercio y servicios, y en esta ocasión no ha sido diferente: el desempleo subió, pero los analistas descartan que este bache habitual en el arranque del año vaya a truncar el buen ritmo de recuperación del mercado laboral.
La Seguridad Social sumó en febrero 81.483 afiliados, el mejor dato para este mes desde 2015 que sitúa el total de ocupados en 18.363.514 personas y supone el quinto año consecutivo de aumento mensual de la afiliación. Hoy también hemos conocido el dato de desempleo de este mismo mes y el paro bajó en febrero en 6.280 personas hasta mínimos de 2009: hoy hay 3.470.248 parados.
La organización de autónomos UPTA tiene previsto enviar una carta al secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, para pedirle que informe a los autónomos sobre la situación individual en la que se encuentran con respecto a sus cotizaciones, las prestaciones a las que podrán acogerse y la previsión de cuantía de las mismas según la cotización elegida.
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, será el encargado de abrir este lunes el desfile de comparecencias de altos cargos para explicar en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018, en lo que será su última presentación de las cuentas antes de que finalice su mandato este año.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha considerado hoy que corresponde a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo llegar a un acuerdo sobre cuál ha de ser la relación entre cotización y pensión máxima.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha afirmado este viernes en la rueda de prensa de valoración de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social que el Gobierno está comprometido con los objetivos de déficit público y que realizará todas las actuaciones necesarias para que la subida de las pensiones no afecte al cumplimiento general de los objetivos de déficit.
El Senado recibirá este martes el texto del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 tras su aprobación en el Congreso, con la previsión de que el proceso quede finiquitado menos de un mes después, previsiblemente el 19 o 20 de junio, sin que su tramitación se vea afectada por el debate en el Congreso de la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy y con la intención del Gobierno de que no se introduzcan nuevas enmiendas a las nuevas cuentas.
La Comisión del Pacto de Toledo, aunque no ha entrado a debatir a fondo la recomendación número 1 sobre fuentes de financiación, insiste en la necesidad de aumentar los ingresos de la Seguridad Social. Dentro de las posibilidades que se han barajado, según confirman fuentes parlamentarias, se plantea abrir una vía para que los contribuyentes que lo deseen puedan realizar aportaciones voluntarias que aumenten su base cotizada y mejoren su pensión futura. Para incentivar dichos ingresos extra, en la Comisión se ha hablado de dotar dichas aportaciones con un tratamiento fiscal igual o similar al que disfrutan los planes y fondos de pensiones.