El Boletín Oficial del Estado publica hoy la supresión de la forma agravada de coacciones por los piquetes en el inicio o transcurso de las huelgas, que introduce en su texto un notable ataque del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a las políticas de reforma laboral de los anteriores gobiernos del Partido Popular.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) ha reclamado una solución a la campaña de vacunación del personal de centros educativos menor de 60 años, después de que el Ministerio de Sanidad decidiese que dejasen de ser inoculados con AstraZeneca.

Para corregir los recortes ven necesario "como mínimo" una inversión plurianual de más de 1.000 millones.

Ahora toca cumplir con los compromisos que el gobierno tiene con la clase trabajadora de este país. Trabajadoras y trabajadores de la sanidad y los servicios sociales, de la educación, del comercio, de la policía, de la limpieza, del transporte y la logística, de la industria, de los servicios de emergencia, etc. que han estado en la primera línea de lucha contra la pandemia y que han sufrido numerosas situaciones de riesgo para su salud y su propia vida, pero también de riesgo económico, de pérdida de empleo, de reducción del salario, de incremento de la incertidumbre laboral y de la precariedad, que es una segunda pandemia que asola nuestro país desde hace décadas y que tiene una clara solución en términos de políticas económicas, laborales y sociales.

UGT y CCOO han animado a los trabajadores a manifestarse este Primero de Mayo con actos convocados en más de 70 ciudades de todo el país para reclamar "una agenda social y un modelo social y económico más justo". Desde el Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, ha avisado de que no habrá recuperación "si no llega a los trabajadores". La vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido que "este Primero de Mayo no es un día más", sino que sus valores de trabajo decente, solidaridad, igualdad y justicia social constituyen "la respuesta más efectiva y rotunda a la crisis económica y social que atravesamos".

Las discrepancias sobre los puntos concretos de la reforma de pensiones que pretende llevar a cabo el Gobierno con el mandato del Pacto de Toledo que se han puesto de manifiesto en la mesa de negociación abierta con los agentes sociales para avanzar en las modificaciones normativas que experimentará la Seguridad Social. Ya era conocido que uno de los puntos más avanzados en términos de consenso entre las partes es el de la fórmula de revalorización de las pensiones y había sido anunciado recientemente por el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, como uno de los primeros que verían la luz verde en el Diálogo Social para ser elevado a categoría de ley. Sin embargo, en las últimas reuniones, las presiones de los sindicatos contra una propuesta que eliminaba los supuestos de aumentos o ganancias de poder adquisitivo de las pensiones, obligaron al Ejecutivo en dar marcha atrás en la medida para reconsiderar este punto.

La Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria ha celebrado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que da la razón al sindicato y establece que la Consejería de Educación "vulneró el derecho a la negociación colectiva" con la modificación del calendario escolar para que fuera lectiva la primera semana de noviembre.

Tanto el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, como el líder de UGT, Pepe Álvarez, han reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que amplíe de forma automática el sistema de Erte vigente actualmente por la pandemia sin introducir modificaciones. Para ambas partes no tiene sentido cambiar las reglas de juego en la parte final de la emergencia sanitaria y rechazan volver a negociar.

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha afirmado que "pocas veces los objetivos sindicales están mejora alineados con la hoja de ruta que necesita España" como ocurre en este momento. Así, ha remarcado la importancia de aprovechar los fondos europeos 'Next Generation' para cambiar el modelo productivo del país.

CC.OO. ha exigido este miércoles al gobierno de la Comunidad de Madrid el mantenimiento y la ampliación del personal extra de los centros educativos de cara al próximo curso para consolidar la bajada de ratios, reforzar las medidas educativas y asegurar la salud pública.

En plena lucha por el liderazgo del Partido Socialista en Andalucía, donde Moncloa apuesta por relevar a la que fuera expresidenta de la Junta, Susana Díaz, la Justicia ha señalado esta semana a los sindicatos UGT y CCOO -por su papel como intermediarios y receptores de las comisiones procedentes de fondos públicos, como recoge la macrocausa del caso de los ERE-, solicitando informaciones acreditativas de su servicios, nada más ni nada menos que al Gobierno de España, concretamente a la ministra de Trabajo y Empleo Social, Yolanda Díaz, y también a la la Consejería de Economía y Empleo de la Junta andaluza.

Los sindicatos UGT y CCOO han avalado la decisión de Criteria de incrementar su peso en el capital de Naturgy. El hólding ha mostrado su disposición a elevar su participación hasta el 29,9% y ha iniciado ya la compra de títulos de la compañía gasista.

Nestlé suma su segundo gran varapalo esta semana. Tras el escándalo mundial sobre que la mayoría de sus productos no son saludables, la Audiencia Nacional ha condenado a la firma a abonar una prima mensual de 500 euros a empleados españoles por el esfuerzo en pandemia que anunció en marzo y retiró el 24 de mayo de 2020.

CCOO Euskadi cerró su XII Congreso en la comunidad autónoma con el claro objetivo de salir de la crisis "recuperando derechos y reforzando el sistema democrático, frente a un modelo político y económico que impone fórmulas de precariedad laboral y recorte de servicios públicos". Así se manisfestó la secretaria general en Euskadi, Loli García, tras ser reelegida para los siguientes cuatro años.

En plena crisis diplomática con el país alauita, la decisión del Gobierno de Marruecos de impedir que la Operación Paso del Estrecho no tenga lugar por segundo año consecutivo puede tener unas consecuencias económicas incalculables para España, dado la amplitud de sectores a los que afecta, y a esos más de 3.200.000 personas que atraviesan el territorio desde mediados de junio hasta el 15 de septiembre.

La Federación de Enseñanza de CCOO ha lanzado la campaña 'Menos es más' para exigir que las contrataciones que se realizaron el pasado en la educación para reducir las ratios y asegurar un mejor abordaje de la pandemia en las aulas se mantengan este curso y que, incluso, se aumenten para garantizar la presencialidad total manera segura.

CCOO denunció este jueves la "nefasta gestión" de algunas comunidades autónomas en cuanto a la gestión de la seguridad de las convocatorias de las oposiciones para evitar riesgos frente a la pandemia de la Covid-19.

Uno de los principales problemas para CCOO es que las indemnizaciones, consecución fundamental del sindicato respecto al documento inicial, solo se contemplan para los nombramientos futuros y no para los actualmente en vigor, sin que se establezcan soluciones alternativas satisfactorias.

CCOO Castilla y León (CCOO-CyL) celebrará, los próximos 29 y 30 de junio en el auditorio de la Feria de Valladolid, su 12º congreso, que contará con la presencia de cerca de 300 personas. Su actual secretario general, Vicente Andrés, optará a la reelección.

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha instado al Gobierno a "dar un revolcón al Estatuto de los Trabajadores que se lleve por delante los aspectos de la reforma laboral que lastren la creación de empleo y la mejora de los salarios antes de que acabe el año".

El Tribunal Supremo ha confirmado el convenio colectivo de Endesa. De este modo, la sala desestima los recursos presentados por Comisiones Obreas, UGT, SIE y la Confederación Intersindical Galega que recurrieron la reducción del algunos beneficios como la tarifa bonificada que percibían los empleados y a las modalidades de ayuda escolar que percibían los trabajadores pasivos (personal ya jubilado).

Nadia Calviño sigue sin aclarar cuándo abordará el Gobierno una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ni siquiera si llegará a subirse este año. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos se limitó a decir en Antena 3 que espera que la situación económica favorable se mantenga para que el Gobierno pueda retomar “cuanto antes” la senda de subida del SMI que viene impulsando desde junio de 2018.

Banco Sabadell ha comunicado este lunes a los representantes de los trabajadores su intención de poner en marcha un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE). De momento, la entidad no ha indicado el número de afectados y emplaza a los sindicatos a una reunión el próximo 2 de septiembre en la que se darán más detalles. No obstante, el ajuste podría afectar a entorno el 13% de la plantilla en España, compuesta en la actualidad por 14.640 trabajadores, según fuentes conocedoras de la negociación consultadas por elEconomista.es.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles que "la voluntad del Gobierno" es aprobar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de manera "inmediata" para lo que queda de año. Así lo ha indicado durante el acto de apertura del curso político celebrado en la Casa de América, donde ha presentado los planes del Ejecutivo para esta etapa.

El Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme no han logrado llegar este lunes a un acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que el Gobierno aplicará de manera "inmediata", en palabras del presidente Pedro Sánchez, pero seguirán negociando "de manera informal", aunque por el momento no hay nueva fecha para la mesa de negociación. El desencuentro se produce el mismo día en el que la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta Nadia Calviño han vuelto a discrepar en las fechas en las que se hará efectiva la medida.

El diálogo entre Trabajo y los agentes sociales para acordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) está estancado. Aunque el Gobierno puede decidir de manera unilateral las condiciones de la mejora, la estrategia de la vicepresidenta Yolanda Díaz siempre pasa por intentar contar con el apoyo de patronal y sindicatos. En esta ocasión la negociación está obstruida, con los representantes de los empresarios en el 'no' rotundo y los de los trabajadores intentando apurar el hilo de comunicación que el Ministerio ha dejado abierto esta semana confiando en un acuerdo de última hora.

Los empresarios catalanes han recibido con estupefacción e indignación el anuncio del Gobierno de la suspensión del proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona por la indecisión de la Generalitat, y este jueves han exigido responsabilidad política a ambas partes para reactivar la negociación y pactar una solución que haga compatible el crecimiento económico con la preservación del medio ambiente, sin ponerlo como excusa.

Nadie quiere deshojar el efecto perverso que puede tener la subida del SMI en las trascendentales negociaciones que mantiene el Gobierno con los agentes sociales en materias de calado. En los próximos meses debe decidirse un nuevo marco de las relaciones laborales y la solidez financiera de las cuentas de la Seguridad Social para la próxima década. Incluso asuntos más perentorios, como el futuro de los más de 250.000 personas que actualmente están viviendo de los Ertes que miran, con lógica preocupación, al 30 de septiembre cuando se les acaba la cobertura legal. Su panorama puede ponerse negro si Gobierno, sindicatos y empresarios no encuentran una solución para ellos y sus empresas.

España, con 1.108 euros por doce pagas (950 euros por catorce), se coloca como el octavo país con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) más alto entre los 21 países de la Unión Europea que cuentan con este instrumento laboral. A la cabeza se encuentra Luxemburgo cuyo SMI está este año en 2.202 euros al mes y cierra el listado Bulgaria con 332 euros por doce pagas. La media comunitaria es de 1.002 euros, 106 euros por debajo de España, según los cálculos de Eurofund (Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo), dependiente de la Comisión Europea (CE).

Cerca de 150.000 aspirantes de toda España se presentarán este domingo al examen para intentar conseguir uno de los 3.421 empleos fijos ofertados para trabajar en Correos, una de las mayores convocatorias de empleo estatal en la empresa en la última década.