La Comunidad de Madrid ha estimado que la armonización de impuestos que ha planteado el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez tendría un impacto fiscal de 5.900 millones de euros para los madrileños. Así lo destacó el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández Lasquetty, en el pleno de la Asamblea, en su respuesta a una pregunta del grupo parlamentario popular.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investiga el 'caso Lezo', que procese por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la compra de Emissao en 2013, según han informado fuentes jurídicas.
Transformar el sector inmobiliario para mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es el principal objetivo que se ha fijado José María García Gómez, director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, para esta nueva legislatura. Abogado de profesión, ocupa el cargo desde 2015 y asegura que a día de hoy el principal reto al que se enfrenta la Administración en términos residenciales es facilitar y resolver el primer acceso a la vivienda. El político apuesta por llevar a cabo medidas activas que solucionen este problema y otros, como la escasez de oferta, que está tensionando los precios. Para ello, desde la Comunidad de Madrid han lanzado ya una serie de medidas como el incentivo fiscal a la compra de viviendas para jóvenes y trabajan además en una nueva fórmula para ayudar a este segmento de la población en la compra de su primera vivienda.
La diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Isa Serra ha sido procesada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por los presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado y daños por los incidentes en los que supuestamente participó en enero de 2014 durante un desahucio en el barrio de Lavapiés.
La formación de un Gobierno de coalición progresista, si finalmente Pedro Sánchez es investido presidente -algo que por lo pronto no está tan claro-, amenaza con recrudecer la guerra fiscal por los impuestos autonómicos entre el PSOE y el Partido Popular. Y es que, entre los planes fiscales de los socialistas está precisamente su intención de armonizar los tributos cedidos y de gestión regional y poner límite a la rebajas fiscales que tienen y plantean los territorios populares.
Katowice tuvo 16 meses para organizar la Cumbre del Clima de la ONU de 2018. Santiago de Chile contó con casi un año para planificar la de 2019. Y Madrid, que recoge el testigo de los chilenos por su renuncia por los disturbios que recorren el país, solo ha tenido un mes para pertrecharse de cara a un evento que la convertirá en la capital mundial de la lucha contra el cambio climático. Un desafío logístico enorme que la ciudad, junto a la Comunidad y el Gobierno central, asume a contrarreloj.
La competitividad de las comunidades autónomas aumentó en promedio un 5,2% en 2018, aumento que ha sido superior en el llamado "triángulo competitivo", con vértices en Comunidad de Madrid, Cataluña y País Vasco, según los datos del tercer Informe de la Competitividad Regional en España 2019, editado por el Consejo General de Economistas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que continuará bajando los impuestos "de tres en tres" en la región de manera progresiva y usará la reducción del tramo autonómico del IRPF para compensar las posibles políticas de un Ejecutivo de PSOE y Podemos.
La Fiscalía de la Comunidad de Madrid solicita 23 meses de prisión para la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra Sánchez, por la presunta comisión de delitos de desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños en relación a su participación en un desahucio en 2014.
El Tribunal Supremo avala la decisión de anular la venta de casi 3.000 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid al fondo Goldman Sachs y Azora por 201 millones de euros. Concretamente, el Alto Tribunal ha rechazado los recursos de casación presentados por el Gobierno Regional y la gestora española a la sentencia emitida en septiembre por la Sección Octava de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que decretó la nulidad de esta operación. La venta de las 32 promociones que estaban bajo el paraguas de la antigua IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) se remonta a 2013, cuando la Comunidad de Madrid, presidida en ese momento por el popular Ignacio González, traspasó 2.935 casas de protección pública en alquiler.