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Madrid, 21 ene (EFE).- El PP presentará este viernes una proposición de ley para acelerar el desalojo de viviendas que estén ocupadas ilegalmente, a través de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que amplíe la realizada el año pasado para el desahucio exprés en estos casos.

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

Los activistas concentrados este primeras horas de este viernes en la calle Argumosa, 11, no han podido frenar el desahucio de cuatro familias en Lavapiés. Aunque se han protagonizado momentos de tensión con los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) desplegados en la zona al intentar romper el cordón policial que en estos momentos está cortando la calle. Hay varios detenidos.

El Supremo establece un periodo mínimo de un año en el impago de una hipoteca para proceder a un desahucio y siempre que el volumen no pagado supere una determinada cuantía.

La crisis parece alejarse de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, que han descendido un 32,9% y son los que han experimentado una disminución interanual más acusada. Por su parte, los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que hoy en día son la mayoría, se han reducido en un 6,6%, lo que supone la primera caída en dos años.

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 947 en el tercer trimestre, cifra un 30,3% inferior a la del trimestre anterior y un 21,3% por debajo de la del mismo periodo de 2018, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid solicita 23 meses de prisión para la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra Sánchez, por la presunta comisión de delitos de desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños en relación a su participación en un desahucio en 2014.

La portavoz de Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie, Isa Serra, ha asegurado que no se plantea dimitir tras la petición de la Fiscalía solicite para ella una pena de 23 meses de prisión por presuntos delitos de desórdenes públicos, lesiones y atentado a la autoridad durante una concentración frente a un desahucio en 2014.