Lo cierto es que vivimos tiempos de absoluta incertidumbre y que es casi imposible vaticinar que ocurrirá con la largamente esperada reforma fiscal en nuestro país.

No son deducibles en el Impuesto sobre la Renta (IRPF) las cuotas abonadas a la Seguridad Social por un autónomo que ejerce como administrador único de una sociedad a título gratuito, según establece el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid en una sentencia de 14 de octubre de 2019.

La Agencia Tributaria (Aeat) ultima estos días la orden ministerial que regirá la declaración del Impuesto sobre la Renta 2019, cuya campaña se iniciará el próximo 2 de abril de 2020 con la posibilidad de solicitar el borrador y concluirá el 30 de junio.

Foment del Treball ha dado un paso inédito en su rechazo al aumento de la presión fiscal en Cataluña en los últimos años, consolidándola como de las más elevadas de España, como ya avanzó su presidente, Josep Sánchez Llibre, a elEconomista.

Los autónomos mueven ficha ante la crisis sanitaria que ha desatado el coronavirus y exigirán al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que se bonifique el 100% de la cuota de cotización en el caso de que se produzcan bajas laborales vinculadas al virus.

El plazo para iniciar la comprobación de las liquidaciones es de cuatro años, pero en dicha comprobación se puedan verificar créditos fiscales de los últimos 10 años que tengan efecto en el ejercicio que es objeto de esa comprobación, por lo que Hacienda puede reclamar la inclusión en la misma de las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores omitidas.

Aunque el dato corresponde a antes de que se desatase el ciclón que amenaza con devastar la economía española y de medio mundo por la crisis sanitaria del coronavirus, la propia desaceleración del crecimiento que ya estaba experimentado nuestro país desde finales del pasado ejercicio y comienzos reflejó la amenaza que ahora se incrementa para el desempeño de la arcas públicas de la actual coyuntura.

Los economistas, a la vista de las medidas adoptadas por el Gobierno y la Agencia Tributaria frente a los efectos de la pandemia del Covid-19, aconsejan a los empresarios y profesionales que aprovechen para aplazar por seis meses las deudas tributarias correspondientes a las declaraciones a presentar el próximo 20 de abril.

El Gobierno se sometió a la primera sesión de control del Congreso desde que se decretó el estado de alarma. En ella, el presidente Sánchez no dudó en reafirmar su promesa de elevar el Impuesto de Sociedades. El Gobierno no había vuelto a mencionar tan explícitamente esta subida impositiva desde los meses en que negociaba la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales. Y, precisamente, todo apunta a que es el afán de ganar apoyos como sea, para salvar esas Cuentas, lo que inspira la referencia del Gobierno al aumento de la presión tributaria, una medida carente de toda lógica en la actual situación económica.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, hace un balance demoledor del efecto de la actual crisis en el mercado laboral. En 21 días de confinamiento, la destrucción de puestos de trabajo suma 900.000 empleos. Hay que remontarse al periodo 2008-2009 para hallar una debacle así y aquélla tuvo lugar en siete meses.

Buena parte de los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que desarrollen actividades empresariales o profesionales del comercio al por menor por el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y estén acogidos al régimen especial simplificado, para el cálculo del ingreso a cuenta en el año 2020, no computarán, en cada trimestre natural, como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre.

La Cámara de España ha publicado su hoja de ruta para la recuperación y reconstrucción social y económica, aprobada en el Pleno reunido este miércoles, con el objetivo de "contribuir al diálogo que se abrirá en las próximas semanas para superar el impacto en el tejido productivo y la economía de la pandemia del COVID-19".

El coronavirus Sars-Cov-2 no sólo ha puesto a prueba la resistencia de los españoles, también la del Gobierno del PSOE y Podemos. La gestión de económica de la crisis vírica enfrenta la gestión económica querida por la formación morada y la buscada por el ala socialista.

La batería de alzas fiscales que el Gobierno baraja consiste en una ofensiva tributaria en toda regla, capaz de afectar a siete grandes figuras impositivas. Es más, en algunos casos, no se trata de una elevación, sino de una reforma completa del impuesto, como demuestra la intención de sustituir Patrimonio por la tasa Covid, con unos tipos mucho más elevados.

Hacienda ha decidido cobrar el Impuesto sobre Sociedades a pesar de que tras el parón de los plazos procesales por el Covid-19, muchas empresas tendrán que hacerlo sin que su Junta de socios haya aprobado las cuentas anuales de la sociedad, lo que va a generar una alta inseguridad jurídica para los obligados tributarios.

Los asesores fiscales han denunciado hoy la inseguridad jurídica que se ha ido generando a lo largo de los años con las opciones que plantea la legislación tributaria en muchas de las impuestos, fundamentalmente en la compensación de bases imponibles negativas, porque se desconoce en muchas ocasiones que se trata de opciones, y una vez adoptadas o traspasados los plazos para hacerlo, se convierten en irreversibles para los contribuyentes, aunque se trate de un error.

Los últimos datos económicos de la eurozona revelan que el impacto del coronavirus en la industria española es más grave que en Italia o Alemania. La producción, los pedidos y las exportaciones se están hundiendo a mínimos históricos. Sin embargo, es posible revertir esta situación corrigiendo algunos los errores que las fábricas comenten habitualmente y pueden convertirse en importantes agravantes del impacto económico de la actual crisis en el sector industrial.

El presidente Sánchez se muestra dispuesto a firmar pactos en los ámbitos “sanitario, económico y social” con el PP. Esta supuesta mano tendida despierta recelos no sólo en los populares españoles, sino también en las instituciones europeas.

En 2020, los españoles habrán trabajado, de media, un total de 178 jornadas para cumplir sus obligaciones con Hacienda. Es decir, el Día de la Liberación Fiscal, que Fundación Civismo calcula anualmente, llega el 26 de junio, un día antes que en 2019, pero debido a que este año es bisiesto. Esto va en línea con la estabilidad de los dos ejercicios anteriores (2018 y 2019). Una tendencia que, sin embargo, puede romperse en 2021 si finalmente se cumple la amenaza de subidas fiscales.Tomando el salario medio de 25.123,99 euros, lo que implica un coste laboral total de 32.636,06 euros, el pago de Seguridad Social supone 7.512,07 euros de cuota patronal y 1.595,37 de cuota del trabajador; el de IRPF equivale a 3.212,36 euros; el de IVA, a 1.960,05 euros; los Impuestos Especiales, a 896,78 euros; y los cedidos totalmente, los autonómicos y municipales, a 767,40 euros. Así, el coste total de los impuestos asciende a 15.944,03 euros.Sin embargo, debido a los movimientos realizados por algunas CCAA, unidos a la política del Gobierno encaminada a aprobar unos nuevos Presupuestos, van en la dirección de una subida de impuestos en un futuro próximo, que vendrá marcado por la acumulación de deuda. Esta, según estimaciones de la Comisión Europea, se situaría en el entorno del 115% sobre PIB y sufriría un repunte de 112.580 millones. En ese caso, el coste fiscal puede verse ampliado en 17.326 millones, lo cual equivale, en términos per cápita, a pagar 365,52 euros más cada año, y 913,80 euros más por hogar. Expresado de otra forma, supone 5 días más de salario, lo que significaría volver a la situación fiscal de antes de la reforma de 2015.

Las cifras de recaudación tributaria que registró la Hacienda española en el mes de abril ensombrecen el futuro de la recuperación económica que en estos días el Gobierno de coalición ve más cerca de lo que realmente podría estar. El desplome de los ingresos por el impuesto de Sociedades un 67% en ese mes, la caída del 18% en el IVA y el 16,5% menos de contribuciones por IRPF plasman la gravedad de la crisis económica que sucederá a la pandemia y el arduo camino que aún tienen por delante las principales economías del globo hasta recuperar los niveles de crecimiento y de salud financiera que registraba antes del estallido de la crisis sanitaria.

Por primera vez en la historia, las empresas van a acceder antes de realizar la declaración del Impuesto sobre Sociedades los datos que la Agencia Tributaria posee sobre la sociedad, tanto si se trata de una pequeña pyme como si es una gran empresa.

El Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado la subida de los pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades que impulsó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2016. El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional sobre la regulación de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy mediante un real decreto-ley en septiembre del año 2016.

El mismo día que los datos del desempleo nos enfrentaban con el peor mes de junio de la serie histórica, el presidente del Gobierno ratificaba su amenaza de una subida de impuestos, disfrazada de justicia fiscal, que afectaría en principio a los tramos altos del IRPF y al impuesto de Sociedades, sin descartar alzas en el IVA, añadidas a las previamente anunciadas tasas Google o ambientales.

Las mayores economías del euro, como Alemania e Italia, no dudan en combatir la ya desencadenada recesión con bajadas de los impuestos tanto directos como indirectos. No se trata de una iniciativas aislada de sus Gobiernos.

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, ha perfilado ya una plataforma económica donde pretende hilar fino y apaciguar a las facciones más progresistas de su partido al tiempo que emula algunos de los derroteros nacionalistas de su contrincante, el actual mandatario, Donald Trump. De hecho, el propio republicano acusó a su oponente de plagiar parte de sus propuestas, aunque incidió en que Biden "no puede hacer lo mismo porque está aumentando demasiado los impuestos", argumentó el pasado viernes.

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, ha perfilado ya una plataforma económica donde pretende hilar fino y apaciguar a las facciones más progresistas de su partido al tiempo que emula algunos de los derroteros nacionalistas de su contrincante, el actual mandatario, Donald Trump. De hecho, el propio republicano acusó a su oponente de plagiar parte de sus propuestas, aunque incidió en que Biden "no puede hacer lo mismo porque está aumentando demasiado los impuestos", argumentó el pasado viernes.

El Tribunal General de la UE propina un sonoro revés a la Comisión Europea tras fallar que las ventajas fiscales de las que se beneficia Apple en Irlanda no suponen ayudas de Estado. Bruselas puede recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión pero debe reconocerse el importante contratiempo que implica para sus planes de someter a un mayor control la tributación de las multinacionales.

El Gobierno quiere incluir en los Presupuestos Generales de 2021 su proyecto de acabar con la bonificación total en la repatriación de dividendos que ahora está prevista en el Impuesto de Sociedades.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha lanzado un mensaje claro a la Administración en su informe sobre evaluación del gasto público donde advierte de la existencia de pozos de ineficacia en torno a exenciones, bonificaciones y desgravaciones tributarias, al menos por valor de 6.000 millones de euros. Es decir, según el organismo auditor un 20% de los incentivos fiscales que otorga el Estado y que han sido analizados en la presentación segunda fase del Spending Review.

El Gobierno prepara una subida general de impuestos a pesar de los fondos de ayuda de la Unión Europea. Las mayores reformas previstas por el Ejecutivo afectarán a la subida de los tipos en IRPF para las rentas del trabajo más altas, fundamentalmente, actividades económicas y de capital inmobiliario.