El PSOE propone una profunda revisión del impuesto sobre sociedades, en el que pretende fijar un tipo efectivo mínimo, que deberá venir aparejado también de una notable simplificación de los incentivos fiscales, entre otras medidas.

Los tipos nominales máximos del Impuesto sobre Sociedades han descendido 10 puntos, del 35% al 25%, en España en los últimos años, mientras que en la media de la Unión Europea el descenso ha sido algo mayor, 13,6 puntos, concretamente del 35% al 21,4% de este 2021, según un estudio realizado por UGT sobre este impuesto empresarial.

La evolución de la economía empieza a mostrar un contorno cada vez más claro y se pueden prever hechos concretos: se empieza a vislumbrar que será conveniente llegar a 2023 con gran parte de los problemas económicos del país solucionados so pena de vivir nuevas angustias.

Las sociedades sin actividad económica tienen los días contados tras la entrada en vigor, el pasado 11 de julio, de la Ley Antifraude (Ley 11/2021), puesto que modifica el régimen de revocación del número de identificación fiscal (NIF), de manera que estas sociedades, a las que la Agencia Tributaria (Aeat) se lo está revocando no pueden realizar inscripciones en ningún registro público, incluidos los de carácter administrativo, como tampoco otorgar escrituras ante notario.

El reciente anuncio de la creación de una autoridad central europea contra el blanqueo de dinero, más que demostrar la voluntad de Bruselas de luchar contra el blanqueo de capitales, lo que demuestra es el fracaso hasta ahora de su empeño para terminar con el enorme problema de lavado de dinero dentro de las fronteras comunitarias. La primera directiva relativa a esta cuestión es de 1991 y desde entonces ya ha sido modificada en seis ocasiones. 

¿Logrará Estados Unidos implantar el Impuesto Mínimo Global sobre Sociedades del 15% en el escenario global? Los fiscalistas internacionales muestran sus dudas. La mitad cree que es "poco probable" que se lleve a la práctica pese a los anuncios del G7 y de la OCDE en los últimos meses.

Un 61% de los empresarios considera que se debería reducir el Impuesto de Sociedades. Además, El 60% opina que se deberían revisar a la baja los impuestos sobre las personas, mientras que un 50% propone disminuir los impuestos indirectos, según el cuarto sondeo de KPMG sobre La empresa española ante la Covid-19.

Las diferencias en el seno del Gobierno son cada vez mayores. Actualmente, hasta siete puntos separan a socialistas y podemitas en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Se trata del impuesto de Sociedades, la Ley de Vivienda y especialmente el consiguiente control precio del alquiler, la reforma laboral, la renta mínima, la reforma de las pensiones y, las ayudas a la maternidad que postula la ministra podemita, Ione Belarra.

Las economías europeas han optado por bajar o mantener su impuesto sobre Sociedades en los últimos tres años. Durante este tiempo, hasta seis países han bajado sus tipos. De este modo, la tasa impositiva promedio de todos los países europeos ha disminuido del 22,8% en 2018 al 21,8% en 2021. Esta media se sitúa ya 3,2 puntos por debajo del tipo español, que se mantiene en el 25%.

Los socios de Gobierno cerraron el martes un acuerdo que despeja la presentación de los Presupuestos de 2022 y la futura Ley de Vivienda que establece fórmulas para reducir el precio del alquiler, entre otras medidas. De los detalles que trascendieron está la obligación de destinar un 30% de las promociones a vivienda protegida, para ampliar el parque público de vivienda, mientras que un 15% de esa cifra será para alquiler social. Desde la CEOE o el Partido Popular lanzaron duras críticas a lo conocido del acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE.

La Comisión Europea confirma la medida sobre el alza del tipo mínimo de Sociedades que ya incluirá el Gobierno en los próximos Presupuestos Generales. "El objetivo es ser capaces de respaldar el acuerdo en el marco inclusivo de la OCDE, en el que todas las partes están trabajando duro para que se concluya este viernes," dijo el Comisario Europeo de Economía, Paolo Gentiloni, sobre el acuerdo fiscal global, que incluye un impuesto común a las multinacionales.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advirtió de que la implantación de este tipo mínimo en Sociedades es "preocupante", porque "castigará" la internacionalización y la innovación, "que son dos de las claves para que este país funcione". No obstante, recordó que las empresas del Ibex 35 están tributando en el Impuesto sobre Sociedades a un tipo medio entre el 16% y el 18%, por encima del tipo mínimo del 15% que quiere implantar el Gobierno de coalición para que las "grandes multinacionales paguen impuestos".

El Colegio de Gestores Administrativos de Madrid aboga por la exención en el Impuesto sobre Sociedades de la reinversión de beneficios para la pequeña y mediana empresa y un tipo nominal máximo del 15% sobre los beneficios repartidos.

El Gobierno fía las Cuentas del año que viene a una recaudación récord no vista ni siquiera antes de la crisis del coronavirus. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, dirigido por María Jesús Montero, prevé recaudar 100.132 millones de euros por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IPRF). En un contexto de recuperación económica aún presente, esta recaudación supondría, según las proyecciones de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, un aumento del 14% más de lo que se recaudó en el último año antes de la pandemia (2019), cuando el Estado ingresó 86.892 millones de euros a las arcas públicas. Además, Hacienda prevé superar en 7.000 millones la recaudación del IRPF del presente año, que situará en los 93.803 millones, un 6,6% por encima de la recaudación obtenida en 2020.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden y los demócratas del Congreso estarían dispuestos a ceder a las presiones de los legisladores más moderados, así como de los lobbies empresariales, y retirar sus planes para elevar el impuesto de sociedades como fórmula para financiar parte de su agenda económica.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no cumplirá con su promesa de deshacer la reforma tributaria implementada por su predecesor en el cargo, el republicano Donald Trump, a finales de 2017. La columna vertebral de la misma, una rebaja en el impuesto de sociedades del 35% al 21% así como un impuesto sobre la renta del 37% para los estadounidenses más acaudalados, sobrevive a los esfuerzos de los demócratas por incrementar el gasto social a través de incrementos impositivos.

Hace unas semanas, Irlanda tomó una decisión histórica que puede determinar su futuro. Al aceptar el acuerdo de la OCDE para subir al 15% el impuesto de sociedades, pone fin a la política de baja fiscalidad con la que logró convertirse en uno de los principales centros tecnológicos de Europa. Ahora, la pelota está en el tejado de las empresas, las cuales pueden decidir quedarse en el país o ir en busca de pastos con impuestos más bajos.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, anunció este jueves que en la redacción del establecimiento del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades se excluirá a Canarias de su aplicación. Así lo dijo durante el debate en el Congreso sobre las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 tras la intervención del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.

Desde la Tax Foundation, un think tank con sede en Washington, su economista, Cristina Enache, explica en un análisis que el escenario macroeconómico sobre el que se han elaborado los Presupuestos para 2022 "parece demasiado optimista". Según justifica, a principios de la semana pasada, el Banco de España revisó a la baja sus previsiones para la economía española, esperando que el PIB aumente un 6,3 por ciento para 2021 y un 5,9 por ciento en 2022. Esto se produce después de que el Fondo Monetario Internacional también revisara sus previsiones, concluyendo que en 2021 el PIB español subirá un 5,7 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prepara un golpe fiscal a las multinacionales de hasta 275.000 millones de dólares. El organismo sostiene que estas compañías evaden hasta un 10% de la recaudación total del Impuesto sobre Sociedades (IS) con sus establecimientos en territorios de baja tributación. La nueva propuesta fiscal de la OCDE obligará a estas empresas a trasladar un 25% de los beneficios a los países donde tengan a sus clientes y usuarios para que tributen allí.

El gobierno suizo ha anunciado que plantea implementar el impuesto mínimo de Sociedades del 15% acordado por la OCDE a partir de enero de 2024. Las nuevas reglas están dirigidas a las multinacionales, mientras que las empresas nacionales y las pequeñas y medianas empresas no verán ningún cambio, según confirmó el Ejecutivo. Los impuestos serán recaudados por los cantones suizos, que también conservarán los recibos de impuestos adicionales.

La presión fiscal sobre las empresas en España supera hasta en casi cuatro puntos a la media de la Unión Europea (UE). Según los datos de PIB y recaudación para 2021, recientemente publicados, la presión fiscal empresarial en 2021 aumenta hasta el 12% del PIB. Y todo ello incluso sin considerar el diferencial que significa la economía sumergida, ya que, si tenemos este factor en cuenta, la presión fiscal empresarial en España sería de un 15% frente al 11,1% de la UE. En 2018, la presión fiscal empresarial en España era del 11,1% del PIB frente al 9,6% de la media de la UE.

Los ingresos de Hacienda se disparan un 15,1% arrastrados por la inflación. La Agencia Tributaria recaudó 223.385 millones millones de euros en 2021, según ha avanzado esta mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La ministra ha destacado este aumento de los ingresos pese a las rebajas fiscales de la electricidad, cuyo impacto ha cifrado en 1.600 millones de euros. El dato de recaudación ha permitido una rebaja del déficit, aunque aún se sitúa en el 6,76% del PIB.

España es el único país europeo que ha establecido una subida del Impuesto de Sociedades sin esperar al acuerdo en la Unión Europea para fijar un tipo mínimo común para las multinacionales.

Al cierre de 2019 las empresas españolas tenían bases imponibles negativas (BINS) en el impuesto de sociedades, es decir pérdidas fiscales, pendientes de compensación por 575.334 millones de euros, equivalentes a más del 50% del PIB. Este dato procede del libro blanco sobre la reforma tributaria del pasado 3 de marzo, fecha en la que también cerré la actualización de mi libro "¿Hacienda somos todos?", impuestos y fraude en España. (Debate 2014). En el libro se explican algunas de las claves y misterios de esta cifra, bastante desconocida, que condiciona muchas cosas y no sólo en el impuesto de sociedades.

Kylian Mbappé tenía un sueño: ser jugador del Real Madrid. A veces los sueños no se cumplen, y en ocasiones se renuncia a ellos. Como todos ustedes saben, este sábado se juega la final de la Champions League frente al Liverpool. Allí no estará Mbappé, precisamente porque el "club de sus sueños" había eliminado al club con el que el jugador ha renovado hasta 2025, el Paris Sant Germain.

Las cuatro enmiendas (PP, PdCat, Vox y Ciudadanos) que, en principio, han sido aprobadas por el Gobierno incluyen unas deducciones en cuota del Impuesto sobre Sociedades del 10% de la aportación empresarial a los planes para trabajadores cuyas rentas no superen los 27.000 euros. A partir de ese nivel de renta, la rebaja fiscal para la empresa será la parte proporcional de la aportación realizada. La aprobación de esta enmienda abriría la puerta a la aprobación de la ley en el Parlamento.

Siguiendo los pasos de la vicepresidenta Díaz, la ministra Montero asegura que en 2023 habrá un "recargo fiscal" para las eléctricas. Lo que subyace a esta acción es el propósito del Gobierno de señalar a esas empresas como las grandes beneficiarias de los altos precios de la energía que las medidas del Ejecutivo, como topar el precio del gas, apenas corrigen. Está así plenamente justificada la réplica a esta política que el consejero delegado de Endesa, José Bogas, hace en elEconomista. Desde el inicio es discutible la existencia de esos "beneficios extraordinarios" de los que el Gobierno habla. Pero lo que carece de toda justificación es el castigo fiscal a unas empresas cuya actividad y tributación se sujeta en todo momento a lo que el mercado y las leyes mandan.

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha dicho la última palabra ni tampoco se ha cerrado en banda a subir 10 puntos el actual impuesto de Sociedades a las empresas eléctricas -que hoy tributan al 25%-, en el decreto que se aprobará este sábado, en un Consejo de Ministros que tendrá carácter extraordinario.

El Gobierno anunciaba la pasada semana la subida del tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades a las empresas eléctricas, haciéndoles tributar al 30%, como en la actualidad lo hacen las entidades financieras y las sociedades de hidrocarburos. Esta medida en absoluto conseguirá una reducción del precio final que el consumidor paga por la electricidad, ya que una subida de la presión fiscal en un sector que opera en oligopolio nunca es asumida por el propio empresario. La elevación de los costes de producción a un oligopolista siempre se traslada, o bien hacia adelante –mediante una elevación del precio final de venta- y los usuarios de la electricidad son los que absorben ese encarecimiento. O, si la regulación del precio del sector no permite subir los precios, la traslación del coste del impuesto se realizará hacia atrás –provocando una reducción de salarios o destruyendo empleo-. En cualquier caso, la subida de cinco puntos sobre Sociedades no redundará en una reducción de los beneficios de las compañías eléctricas, y puede que, ni siquiera en un aumento de la recaudación si merman los beneficios del sector.