¿Un aumento en el impuesto sobre las ganancias de capital? ¿Un alza del Impuesto de Sociedades? ¿Un impuesto dirigido a los gigantes de Internet? Aún no hemos llegado a la etapa de exigir una tasa a las entregas a domicilio para ayudar al comercio tradicional (como ya se baraja en Barcelona) pero, ¡diablos!, estamos aún a comienzos de septiembre y todavía hay mucho tiempo para que a los políticos se les ocurra de todo. En concreto, el Tesoro británico busca formas de llenar el enorme agujero en las finanzas públicas que provoca el Covid-19, y apunta a las empresas y empresarios como las fuentes más accesible de la que obtener recursos. Pero es una locura. Nunca es un buen momento para gravar la creación de riqueza, pero éste es un momento especialmente malo.

El Gobierno cede y frena, por ahora, el alza fiscal en el Impuesto sobre Sociedades y en el IRPF a rentas altas que pactaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Según fuentes cercanas a la negociación de los nuevos Presupuestos, el Ejecutivo está dispuesto a paralizar esta subida impositiva tras las consecuencias económicas generadas por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Los expertos en fiscalidad vienen demandando hace tiempo una reforma integral del conjunto del sistema tributario español, incluyendo todo tipo de figuras impositivas de las administraciones estatal, autonómica y local. De hecho, ya se han realizado varios informes (como el dirigido por Manuel Lagares de 2014) que fue solicitado por el Ejecutivo, para diseñar las grandes líneas de una pretendida reforma que quedó en agua de borrajas. Desde Fedea apuntan que la fuerte crisis económica, con un déficit público desbordado, ha convertido en "urgente" la necesidad de abordar ya la reforma del sistema fiscal español.

Los datos actuales de la recaudación de Hacienda este año muestran una pérdida de alrededor de 2.300 millones de euros en lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades (IS), que se van a materializar principalmente en devoluciones a los contribuyentes.

Las alarmas sobre el mercado laboral continúan encendidas tras la devastación de la pandemia, y pese al relanzamiento de la actividad que aun a marchas forzadas trata de dar la vuelta al profundo hundimiento de la economía que asola España. Empresarios, sindicatos y asociaciones de autónomos vienen advirtiendo que a pesar de las cifras que arroja el mercado laboral con una leve recuperación en septiembre no son más que un espejismo de la destrucción de empleo que está por venir. Unas previsiones que, más allá, también se constatan echando un vistazo al comportamiento de la recaudación tributaria, y que hasta el mes de agosto arroja una caída de ingresos por Sociedades del 47,4% respecto al pasado ejercicio.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no ha logrado llegar a un acuerdo sobre el nuevo marco internacional que sustentará la nueva fiscalidad sobre gigantes digitales, por lo que ha aplazado el final de las negociaciones a mediados de 2021, según ha informado este lunes en un comunicado.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no ha logrado llegar a un acuerdo sobre el nuevo marco internacional que sustentará la nueva fiscalidad sobre gigantes digitales, por lo que ha aplazado el final de las negociaciones a mediados de 2021, según ha informado este lunes en un comunicado.

El Gobierno tiene previsto retrasar los cambios en el impuesto sobre sociedades a después de 2021, aunque incluirá ajustes tributarios en los presupuestos del año que viene para las rentas más elevadas y para los grandes patrimonios.

El Gobierno cumplió in extremis con su obligación de enviar a Bruselas su plan sobre los Presupuestos Generales del año próximo. El modo en que Moncloa apuró los plazos en nada ha contribuido a que el documento presente la necesaria concreción que cabe exigir a un informe de esta importancia.

Las grandes empresas tributaron a un tipo efectivo sobre el resultado contable en el Impuesto de Sociedades del 6,6% en el año 2018, lo que supone 1,1 puntos porcentuales menos que el ejercicio anterior, mientras que las medianas empresas lo hicieron al 15,04% y las pequeñas al 15,7%, lo que supone un 0,6% menos y un 3,42% menos, respectivamente. De esta forma, la media total se situó en el 9,49%, frente al 10,73% del año previo.

Los analistas internacionales de la organización Tax Foundation rechazan el argumento de que en España se pagan pocos impuestos. A su juicio, la presión fiscal de la economía española es de las más elevadas de su entorno, si se tienen en cuenta factores como la economía sumergida o los niveles de renta. Según su último informe, las empresas españolas pagan más impuestos que la media europea y la cuña fiscal de los trabajadores está en el 39,5%, 4,5 puntos por encima de la media de la OCDE.

"Abandonad toda esperanza”. Esta inscripción que Dante Alighieri nos cuenta en su Divina Comedia que se halla en las puertas del infierno, bien puede aplicarse hoy a la economía española. Porque si algo nos faltaba para dar la puntilla a esta economía nuestra agonizante era un estado de alarma propasado y un presupuesto del Estado irrealizable y mentiroso.

La Comisión Europea ha lanzado este viernes un ultimátum a España para que aplique a nivel nacional las normas comunitarias que impiden a las multinacionales reducir su carga tributaria explotando las diferencias entre los sistemas fiscales europeos y los de terceros países. Si no realiza el traslado de la normativa europea a su legislación, llevará al país ante la justicia europea.

El Gobierno ha decidido este año prorrogar, una vez más, los módulos del sistema de tributación por estimación objetiva, con los mismos límites que se venían aplicando desde el 2016, lo que supone un parón en los planes de que los autónomos tributen por los beneficios realmente obtenidos, mediante una esperada bajada de los límites, lo que expulsaría a buena parte de los acogidos al sistema.

La filial en España del gigante del comercio electrónico Alibaba declaró el año pasado en nuestro país una facturación inferior a cuatro millones.

La nueva fiscalidad para las socimi que contemplan los Presupuestos Generales del Estado presentados esta semana no es solamente ineficaz desde un punto de vista económico, si no que es además contraproducente, causando un daño enormemente mayor que el beneficio que pretende conseguir.

El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha anunciado que el Ministerio de Hacienda prepara en la actualidad una normativa que permita de nuevo entrar a la Inspección en los domicilios de las personas físicas y de las empresas, sin necesidad de avisar al contribuyente.

El pueblo estadounidense ha votado y, aun cuando los resultados electorales aún no han sido oficialmente proclamados, los escrutinios provisionales apuntan a que el próximo 20 de enero la Casa Blanca tendrá nuevos moradores.

El Gobierno ha puesto sobre la mesa un golpe fiscal para los fondos de capital riesgo. Hacienda ha introducido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado una modificación del artículo 21 de la Ley del impuesto sobre sociedades que puede poner patas arriba la fiscalidad de las inversiones de estas entidades, así como las de empresas familiares o los llamados business angels.

La ministra María Jesús Montero volvió a defender las previsiones sobre las que se basan sus Presupuestos para 2021. La titular de Hacienda se mostró en el Congreso aún más segura apelando a la “esperanzadora” noticia sobre la vacuna anti-Covid de Pfizer.

El Registro de Economistas de Asesores Fiscales (REAF) considera que el Gobierno debe adoptar urgentemente medidas legislativas para evitar la liquidación por insolvencia de muchas empresas como consecuencia de la crisis del Covid. Tanto en el ámbito concursal como en el tributario.

Los gobiernos de todo el mundo pierden unos 360.000 millones de euros al año en impuestos que deberían haber recaudado gravando los beneficios de las empresas y la riqueza generados en sus jurisdicciones. Más allá de la cantidad, que supera el tamaño del PIB de Portugal o Finlandia, lo sorprendente es que unos pocos países (o territorios en el caso de Reino Unido) son los 'culpables' de una gran parte de estas pérdidas.

Los incentivos fiscales en España están en el punto de mira después de que la Airef recogiese recientemente que hasta 35.000 millones de euros que se destinan cada año a estas desgravaciones podrían estar cayendo en saco roto o no cumpliendo con el fin para el que fueron concebidos. Ahora bien, estos son una parte de las ventajas tributarias que ofrece nuestro país y que según Funcas se elevará el próximo año hasta los 77.000 millones de euros entre el IRPF, el IVA y Sociedades. Una cifra nada desdeñable que supone una cifra equivalente al 6,5 puntos porcentuales del PIB y a la mitad de las ayudas que se espera reciba nuestro país del Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea.

Con mucha frecuencia, el debate sobre materia fiscal en los medios se nos presenta a los ciudadanos en unos términos bastante técnicos y complejos. Se suele hablar de posibles subidas del IVA, del incremento del impuesto de Sociedades, de la necesidad de retirar bonificaciones al mismo, elevar el IRPF, rescatar Patrimonio o armonizar figuras como Sucesiones y Donaciones.

Dar la batalla por la empresa y el empleo. Probablemente, éste sea el principal combate que debemos librar ahora en España, cuando tenemos más de 90.000 empresas destruidas desde que se desató la pandemia, 745.000 personas se hallan en situación de ERTE, el desempleo se ha disparado hasta más del 16% y la economía sigue funcionando al ralentí. Todo ello amenaza el Estado de bienestar y tiñe de negros nubarrones el futuro de varias generaciones.

Quedan pocos días para que el 2020 llegue a su fin, por lo que estas últimas semanas pueden convertirse en una oportunidad para rebajar la factura fiscal de este año e intentar optimizar la carga fiscal para atenuar en la medida de lo posible las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia. Algo especialmente importante en aquellos sectores más afectados por el actual contexto.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto por el que se modifica el reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, con el fin de adaptarlo a la normativa comunitaria tras una modificación parcial de dos ámbitos difetentes en materia de dotaciones por deterioro de los créditos y de intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad.

Hoy en día, no hay muchas actividades incentivadas por el Impuesto sobre Sociedades, aparte del I+D y de las producciones artísticas. ¿Y por qué, además de algo tan importante como el I+D, se fomentan las producciones? Podemos pensar que estamos ayudando a un sector que no “volaría” sin ayudas. Pero si hay realmente un producto que atrae a casi todo el mercado es la última serie, película o documental que ha visto. Es un producto que se consume y mucho. Y si se consume, genera negocio. Y si genera negocio, mejor aquí que fuera. En España, antes del COVID, se estimó una generación de más de 4.000 millones de ingresos, y una previsión de ocupación de empleo de casi 20.000 puestos de trabajo.

La llegada de 2021 marcará el inicio de una batería de subidas fiscales, unas contenidas en los nuevos Presupuestos y otras relacionadas con figuras de nueva creación, como las tasas Google y Tobin. Pero no acabará ahí la ofensiva fiscal del Gobierno.

El Ministerio de Hacienda abordará en los próximos meses una reforma fiscal en profundidad con la que pretende reflotar las maltrechas arcas del Estado tras la el impacto de la pandemia. Con el estrecho margen que dejó la crisis sanitaria para desplegar los planes tributarios del Ejecutivo en el Presupuesto que ya ha entrado en vigor desde el 1 de enero, las miras se ponen ahora en la segunda mitad del presente año, y la diana puesta en las Cuentas de 2022. Será para entonces cuando, entre otras medidas, el Ejecutivo podría dar más detalles de un incremento del impuesto de Sociedades, una revisión del sistema de tributación por módulos de los autónomos, además de una nueva revisión de los impuestos especiales al tabaco y alcohol.