Las aerolíneas echan el freno en España tras cinco años de fuertes crecimientos y un ejercicio complicado, en el que el sector ha visto varias quiebras y las low cost se han visto obligadas a bajar más los precios para mantener la capacidad. Así, de cara a esta temporada de invierno, la oferta de asientos en las rutas de corto radio (mercado doméstico e intraeuropeo) va a caer un 1,1% de media frente al incremento del 6,2% registrado un año antes. Según los datos recogidos por el proveedor OAG, el ajuste se concentrará especialmente en los vuelos entre España y el resto del Viejo Continente, donde se espera que las aerolíneas reduzcan su capacidad el 2,9%, mientras que en el mercado doméstico se prevé una leve subida del 1,6%. Un año antes, las aerolíneas elevaron su oferta hasta un 6,7% de media dentro de nuestras fronteras y hasta un 5,9% en las rutas hacia y desde España.

Las aerolíneas de bajo coste echan el freno ante el retraso en la entrega de los 737 MAX y el enfriamiento de la demanda en Europa. Ryanair, que anunció en verano el cierre de cuatro bases en España, el despido de 400 trabajadores y una reducción de su capacidad del 1% para la temporada de invierno, se ha visto obligada a revisar sus previsiones de crecimiento de cara a la temporada de verano por los problemas con los aviones de Boeing, que todavía no han recibido el visto bueno para volver a volar.

Ryanair quiere extender a todas sus bases en España las duras condiciones que impone en Gerona para mantener sus puestos de trabajo. La aerolínea busca así que los trabajadores soliciten bajas no remuneradas o que recorten su jornada laboral y su salario al menos un 25 por ciento.

Ryanair agita el fantasma de la quiebra de Thomas Cook para forzar ajustes en todas las bases de España. La compañía ha enviado cartas a todos sus pilotos para solicitarles que pidan excedencias (bajas) no remuneradas de un año o que acepten recortar su jornada laboral y su salario al menos un 25% para evitar despidos.

La propuesta que Ryanair ha puesto encima de la mesa de los pilotos y tripulantes de cabina (TCP) de la base de Gerona para evitar su cierre incumpliría varios artículos del estatuto de los trabajadores, atentaría contra la constitución y podría llegar a suponer un delito social.

Las cosas no siempre son del cristal con el que se las mira. Boris Johnson resultó, contra todo pronóstico, el ganador por goleada de las elecciones en el Reino Unido; Christine Lagarde ve lo que nadie había visto hasta ahora, que la economía toca fondo y puede comenzar a salir de su letargo; Trump anuncia por sorpresa la primera fase del acuerdo con China que da fuelle a las bolsas para emprender el rally navideño; la nueva presidenta europea, Úrsula von der Layen, anuncia un pacto verde y al día siguiente desvela que no cuenta con el apoyo de Polonia y, en fin, Pedro Sánchez, que ya se veía como presidente, empieza a encontrar escollos insalvables en la negociación con los catalanes.

La Inspección de Trabajo de Cataluña ha abierto una investigación a Ryanair para evaluar si la aerolínea irlandesa ha vulnerado los derechos de sus empleados en las condiciones que quiere imponer para mantener su base en Gerona. "Debemos garantizar que el mantenimiento de empresas en nuestro país no se haga a cuesta de los derechos laborales", explican desde los sindicatos.

La sensibilidad de los negocios de IAG y Ryanair al comportamiento de la divisa británica es muy elevada. Un factor que ha cobrado especial relevancia para el grupo que nació de la fusión de Iberia y British Arways y para la aerolínea líder del segmento low cost en los últimos meses, al haberse convertido la libra en el indicador más correlacionado con el Brexit.

Ryanair frena el cierre de la base de Gerona tras llegar a un acuerdo in extremis con la plantilla adscrita a ese aeropuerto. Según informar fuentes del sindicato USO, la mayor parte de los tripulantes de cabina (TCP) han aceptado ir tres meses al año al paro a cambio de que la base se mantenga abierta, aunque su continuidad no está blindada en el medio plazo debido a los problemas con los Boeing 737 MAX, cuyas entregas se siguen retrasando.

Las presiones de Ryanair a su plantilla vinculada al aeropuerto de Gerona para modificar sus condiciones laborales a cambio de mantener la base durante nueve meses al año ha dividido a la Generalitat de Cataluña.