(Reuters) - El Gobierno de Colombia anunció el viernes la impugnación de un fallo que ordenó suspender las actividades de una unidad especializada del Ejército de Estados Unidos, que llegó hace un mes para asesorar operaciones contra el narcotráfico, y dijo que continuará los programas de cooperación militar con Washington.
El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las renegociaciones de las cláusulas suelo pone en jaque los acuerdos a los que la banca está llegando con los clientes que tienen hipotecas ligadas al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) para evitar litigios. La justicia europea determinó en la sentencia que se conoció ayer que no se opone a las novaciones que las entidades realizaron con los clientes en materia de cláusulas suelo, pero sí señala que deben ser los tribunales españoles los que analicen caso por caso si en esos pactos se dio falta de transparencia. En el caso de que los jueces nacionales consideren que las renegociaciones fueron abusivas, los clientes podrían recuperar lo pagado de más por la existencia de estas cláusulas en sus contratos hipotecarios.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la sentencia dictada anteriormente por el Juzgado de lo Social en la que se condenaba al Ayuntamiento de Zaragoza a abonar 110.000 euros a la viuda e hijos de un fontanero fallecido por amianto.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la sentencia dictada anteriormente por el Juzgado de lo Social en la que se condenaba al Ayuntamiento de Zaragoza a abonar 110.000 euros a la viuda e hijos de un fontanero fallecido por amianto. De esta manera, se ha desestimado el recurso interpuesto por el consistorio.
BBVA continúa sumando demandas en los tribunales por supuestos actos delictivos. La última denuncia judicial de cierto calado que ha recibido el grupo español se sitúa en Estados Unidos, donde un grupo tecnológico acusa a la entidad de haberle 'robado' varias patentes.
BBVA continúa sumando demandas en los tribunales por supuestos actos delictivos. La última denuncia judicial de cierto calado que ha recibido el grupo español se sitúa en Estados Unidos, donde un grupo tecnológico acusa a la entidad de haberle 'robado' varias patentes.
(Agencias) - Un tribunal ordenó suspender temporalmente un desembolso de un crédito de 370 millones de dólares del Gobierno de Colombia a la aerolínea Avianca Holdings bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos hasta que la empresa constituya efectivamente garantías para respaldar el pago.
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda, apelará ante el Consejo de Estado la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender el préstamo por US$370 millones que pretendía hacer a Avianca, según informó W Radio.
Iberdrola se ha librado de una demanda en EEUU que le reclamaba, junto a Eversource, unos 3.000 millones de euros -3.600 millones de dólares- por supuestas manipulaciones del mercado de gas en Connecticut, con el consiguiente impacto en las facturas de los consumidores.
Iberdrola se ha librado de una demanda en Estados Unidos que le reclamaba, junto a Eversource, unos 3,600 millones de dólares por supuestas manipulaciones del mercado de gas en Connecticut, con el consiguiente impacto en las facturas de los consumidores.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de un proyecto de resolución del magistrado José Luis Vargas Valdés, prevé negar el registro como partido político a la organización México Libre del expresidente Felipe Calderón y la exprimera dama Margarita Zavala.
BBVA ha recibido una nueva demanda en los juzgados por posibles malas prácticas. La entidad, en esta ocasión, se enfrenta a una querella colectiva por eventuales abusos en la renovación automática de tipos de interés en algunos de productos que ofrece en Argentina.
El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha puesto en valor el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que rechaza obligar a la Xunta a impartir clases online y permitir el absentismo escolar.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) investigará a la estadounidense Walmart por la acusación de abuso de posición dominante en supermercados realizada por proveedores de productos alimentarios.
Sacyr y sus socios en la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, integrados en el consorcio Grupo Unidos por el Canal de Panamá (GUPC), han presentado ante un Tribunal Federal del Distrito de Florida, en Estados Unidos, una solicitud de anulación del laudo que dio la razón a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en el arbitraje relativo al basalto y al composición del hormigón.
(EFE).- Un tribunal internacional falló en favor de Colombia una demanda por cerca de 1.600 millones de dólares interpuesta por la multinacional española Naturgy (antigua Gas Natural), por la intervención del Estado en la distribuidora de energía Electricaribe, informaron este viernes fuentes oficiales.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado alerta del colapso de los Tribunales Económico Administrativos (TEA) y del peligro que existe de que prescriban los expedientes atascados.
Las medidas de restricción a la movilidad implantadas por las autoridades desde que se desató la pandemia en España en marzo de 2020 ha asestado un impacto histórico en la demanda de las infraestructuras, con el consecuente efecto en la cuenta de resultados de las empresas concesionarias. A raíz del primer estado de alarma decretado el 14 de marzo del año pasado, las compañías procedieron a reclamar a las Administraciones por la pérdida de usuarios, que vino forzada por las decisiones del Gobierno de confinar a los ciudadanos y restringir los movimientos.
Hoy me he sentido ciudadano de una democracia de tercera al ojear el Boletín Oficial del Estado. Nunca pensé que nuestro sistema legislativo pudiese caer tan bajo como lo ha hecho al publicar en el Boletín Oficial del Estado un artículo de opinión del PSOE y de los socios de legislatura en contra otro partido (el PP) y de los Gobiernos anteriores.
El Tribunal Supremo (TS) no admite recursos de casación contra las decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) sobre las medidas adoptadas antes del 9 de mayo de 2021, por los Gobiernos autonómicos para luchar contra el Covid-19.
El tribunal médico es uno de los filtros necesarios para poder percibir una pensión de incapacidad permanente. Se trata de una de las partes más importantes del proceso y una de las que está rodeada de más leyendas urbanas. Dada su trascendencia, es importante conocer bien el procedimiento si tenemos que pasar por él.
Cuando solicitamos una pensión de incapacidad permanente, una de las partes más importantes y temidas del proceso es pasar por el tribunal médico que comunicará a la Seguridad Social si, en su opinión, somos merecedores de esa pensión o no. Una situación tensa ante la que nunca se sabe bien como actuar.
El proceso de concesión de una pensión de incapacidad permanente es complicado y largo, plagado de momentos decisivos. Uno de ellos es la visita al tribunal médico, que además es uno de los trámites más temidos por el ciudadano, dada su trascendencia.
La única hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith ha solicitado ante un tribunal un cambio oficial de nombre. Y es que Stella del Carmen, que ya tiene 25 años, no quiere que el apellido de su madre la acompañe en su vida ni en su carrera como actriz: "Sólo quiero acortar mi nombre eliminando el apellido extra. Además, normalmente no uso 'Griffith' cuando me refiero a mí misma o en los documentos. Así que suprimirlo coincidiría con mi uso habitual", reza el documento que presentó en el juzgado hace unos días.
La obtención de una incapacidad permanente que nos otorgue el derecho a una pensión sigue un proceso muy concreto que puede prolongarse por varios meses. Cada una de las fases son importantes, pero algunas están rodeadas de una trascendencia extra. Es el caso del tribunal médico.
Más de 950.000 personas reciben actualmente en España una pensión de incapacidad permanente. Recibir este tipo de prestación requiere un proceso de muchas fases en el que uno de los momentos clave es la determinación del grado de incapacidad del aspirante a pensionista.
El tribunal médico es uno de los pasos más importantes en el largo proceso de consecución de una incapacidad permanente. Los miembros de este tribunal, que recomienda un dictamen a la Seguridad Social en una opinión muy valorada pero no vinculante, no solo han de considerar si el ciudadano tiene derecho a una pensión de incapacidad permanente: también han de emitir un veredicto sobre el grado de dicha incapacidad.
Los más de 950.000 ciudadanos que actualmente cobran una pensión de incapacidad permanente han pasado por un trámite tan importante como rodeado de mitos: el de acudir a un tribunal médico para evaluar esa posible incapacidad de cara a tener derecho a una pensión.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a la Generalitat a mantener al menos un 25% de clases en castellano en los colegios catalanes fue recurrida por la propia Generalitat ante el Tribunal Supremo que, ahora, inadmite el recurso y da firmeza a la sentencia recurrida. Pero las autoridades catalanas han señalado que no la acatarán. Es un desafío al Estado de Derecho. Es un insulto al orden constitucional. Es un intento de degradar a las instituciones y de chulear al poder judicial. Es una manera de presumir de bíceps político. Es vejatorio para el país. Es también una fanfarronería de malote de patio de colegio o de patio carcelario porque los responsables del improbable incumplimiento serían también responsables penales de un delito. La sentencia se cumplirá, aunque con exhibición de trampas y negativas personalistas que traten de identificar esa molesta terquedad con la resistencia heroica ante el Estado opresor. O no se cumplirá, porque hace ya seis años que el Tribunal Supremo se pronunció en el mismo exacto sentido y no se cumplió y aquí no ha pasado nada. España es un país sin ley donde los ciudadanos dan poca importancia a lo que de verdad importa.
La exteriorización social y económica de las extinciones de contratos de trabajo por parte de entidades empresariales acostumbran a diseccionarse tendiendo exclusivamente a la cuantía indemnizatoria que la legislación aplicable atribuya en cada caso.