Telecomunicaciones y tecnologia

La transformación digital del Estado: un imperativo ético

Benjamín Blanco, director de Administraciones Públicas de Minsait en Chile

Los impactos de la pandemia de covid 19 en la sociedad están siendo incalculables y de muy variada naturaleza: económicos, sociales, educacionales o culturales. Como suele suceder, los más afectados son los más vulnerables y postergados.

Por ello, hoy más que nunca, se requiere de un Estado que funcione de manera óptima, tanto para brindar los servicios apropiados como para hacer frente a los impactos económicos que ha generado la pandemia. Problemas como estos hacen que la modernización del aparato público y, en especial, su transformación digital se vuelva un imperativo ético y urgente.

No hay nada novedoso en decir que la implementación y uso de la tecnología es la principal herramienta para acelerar esta necesaria modernización. Actualmente, para el Estado y la industria TI, el verdadero desafío consiste en que su implementación responda a un plan robusto, con una mirada de largo plazo, y que de alguna forma proyecte y mida el impacto de su aplicación, justifique así la rentabilidad social de la inversión necesaria, estableciendo modelos económicos y presupuestarios permanentes.

En Chile, la promulgación de la Ley 21.180 es un paso importante para retomar con fuerza la modernización de la administración pública, ya que obligará a las instituciones a actualizar sus plataformas digitales y a optimizar los mecanismos de interoperabilidad para agilizar la burocracia documental. Aunque algunos sectores afirmen que este paso no es suficiente para resolver totalmente el problema, lo cierto es que la digitalización de estos procesos, bien realizada, permitirá una gestión de gobierno impulsada por datos, con un gran potencial para habilitar el uso de tecnologías de punta que pueden maximizar los beneficios de la transformación digital.

La Inteligencia Artificial, por ejemplo, no sólo permitiría dar respuesta a las necesidades actuales de las personas, sino que podría anticiparse a ellas, haciendo más precisa, entre otras ventajas, la entrega de beneficios y la planificación de programas públicos. La robotización de procesos (RPA), por otro lado, haría más eficientes y efectivos los procedimientos y tareas repetitivas que aún perduren después de la digitalización, o el uso de tecnologías de Blockchain, que podría ayudar a solucionar los dilemas respecto a identidad digital que aún prevalecen. Todo esto potenciado al máximo por las infraestructuras de Internet de las Cosas y redes 5G.

Estos son sólo algunos ejemplos, y las posibilidades de mejora son casi ilimitadas, pero siendo el Estado un ente que, además de proveer servicios, tiene que dar confianza a los ciudadanos, su transformación digital y los procesos que involucra deben realizarse en el marco de una estrategia abierta y trasparente, protegiendo los datos de las personas con el mayor celo posible, pensando proyectos escalables en el tiempo, y siendo capaz de retroalimentarse en busca de constantes mejoras.

Todo esto es claramente un gran desafío, pero posible de realizar, y el imperativo ético al que nos referíamos, nos obliga como país a emprenderlo.

Por Benjamín Blanco, director de Administraciones Públicas de Minsait en Chile

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